viernes, 25 de noviembre de 2011

Al ritmo de la crisis neoliberal se fundan centros heterodoxos

NUEVAS USINAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO


Publicado el 3 de Julio de 2011

Por Nicolás Bontti

Contra los diagnósticos y profecías provenientes de los nichos ortodoxos, diversos institutos de investigación han revitalizado voces antes acalladas en las discusiones económicas. El rol del Estado y las fallas de la mano invisible.
 
Latinoamérica en general y Argentina en particular han sido, fuertemente desde mediados de los ’70, víctimas de un discurso hegemónico sobre los fenómenos económicos. La ortodoxia liberal supo marcar a fuego, a través de un andamiaje trasnacional que la financió y que actualmente sigue operando, la agenda política y los límites dentro de los cuales se podía discutir. Pero no todo lo que ha dejado esta experiencia se presenta como algo nefasto para los países de la región.


De la mano del recetario de políticas públicas regresivas que se logró impulsar, a veces gracias a la defensa de intereses económicos concentrados en los países a que se dirigían, y otras mediante la intervención política directa a través de sangrientas dictaduras, también fueron desarrollándose y ganando posiciones con discursos alternativos. La reorganización de un campo de reflexión heterodoxa, donde distintos actores e instituciones lograron presentarse como interlocutores válidos para poner en cuestión los relatos que llevaron a crisis económicas y sociales profundas a un gran número de países, es hoy una realidad.

De la misma forma, también se ha podido modificar la idea de que sólo los economistas liberales podían intervenir en la escena pública con interpretaciones sobre la realidad económica. Esos actores destacados fueron, en muchos casos, parte de un proyecto político que buscó imponer un nuevo modelo de acumulación, para lo cual construyeron e instalaron una peculiar forma de entender los hechos económicos, y lograron durante muchos años ser los dueños indiscutidos de “la verdad”, amparados por un saber técnico que en muchos casos les allanó el camino hacia cargos públicos.

Sin embargo, ese dominio exclusivo se ve hoy confrontado por investigaciones provenientes de otras disciplinas, que han demostrado que la perspectiva impulsada por las usinas de pensamiento neoliberal en nuestro país no ha dado del todo cuenta de los fenómenos que se proponía estudiar, tanto porque sus presupuestos no se cumplían o porque se trataba de estudios tendenciosos, encargados y financiados por grandes empresas nacionales e internacionales y por organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial y el FMI.


En esta línea de reflexión heterodoxa, Matías Kuflas, presidente de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), propone “alterar el orden de causalidad del paradigma de la globalización financiera”, poniendo las finanzas al servicio del desarrollo productivo.

Asimismo, advierte que “los países que apostaron a un mayor crecimiento de sus manufacturas y la industrialización de las materias primas presentan mayores tasas de crecimiento y una clara mejora en sus indicadores macro-financieros”.

De esta manera, se cuestiona fuertemente la desregulación financiera otrora impulsada por los gurúes del dogma neoliberal, la cual supeditaba el desarrollo productivo a sus peripecias.

Por su parte, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) ha puesto también en cuestión la pretendida racionalidad del enfoque neoliberal en lo que refiere a las relaciones entre las economías del centro y de la periferia, en un trabajo colectivo compilado por Enrique Arceo y Eduardo Basualdo. Allí, el primero señala que “la liberalización financiera y la comercial devienen de esta manera dos aspectos de un mismo proceso que tiende a eliminar al conjunto de políticas puestas en marcha en la periferia para acelerar su desarrollo con creciente autonomía y desencadena una fuerte lucha competitiva en el nivel mundial”. Esta situación, agrega, “acelera notoriamente el proceso de concentración y centralización del capital y debilita radicalmente la posición relativa de las fracciones meramente nacionales de este, así como la capacidad de negociación de los trabajadores, cuyos salarios tienden a estancarse en el centro y a disminuir en la mayor parte de los países de la periferia”.

En sintonía con lo anterior, Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Programa de Investigación sobre la relación Estado-empresarios del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), nos ofrece una de las conclusiones de la investigación realizada con su equipo, donde se confronta también con la corriente dominante en la ciencia económica: “La reconstrucción en el largo plazo de las formas de intervención económica estatal (orientación y calidad de las mismas) y los desempeños y prácticas de las grandes empresas que operan en el país, permiten dar cuenta de la conformación de ámbitos privilegiados de acumulación, que beneficiaron a los grandes agentes económicos y profundizaron la crisis estatal.

Lejos de pensar este fenómeno como producto de un comportamiento hacia la obtención de rentas, al mejor estilo ortodoxo cuando suele recargar las culpas en la propia intervención estatal, desde la sociología económica se interpreta como un proceso de articulación público-privada, que ambos actores contribuyeron a consolidar”.

Bajo el disfraz del combate a la inflación

Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), han venido interviniendo contundentemente en los últimos tiempos en diversos temas donde discuten con los representantes de la ortodoxia.  Es el caso de la inflación, donde proponen revisar las explicaciones del fenómeno ancladas en la exagerada emisión monetaria, el descontrolado crecimiento de la demanda agregada y los desmedidos aumentos salariales.

En una publicación reciente, apuntaron contra los impulsores de esas interpretaciones: “según su recetario, un gobierno comprometido con la batalla antiinflacionaria debe implementar una férrea política de ajuste: monetario, fiscal y salarial. Lógicamente, se trata de una forma de revertir las actuales tendencias de la política económica, restringiendo la intervención del Estado en la economía y reduciendo la participación de los asalariados en el Producto. Así, bajo el disfraz del combate contra la inflación, lo que pretenden es introducir por la ventana las mismas políticas que la sociedad repudió en las calles y en las urnas”.

OPINIÓN
“Un nuevo universo de intérpretes de la economía”.


Ariel Wilkis, Investigador del CONICET en el Centro de Estudios Sociales de la Economía (CESE – IDAES)

La sociología y la antropología de la economía ayudan a pensar las batallas simbólicas que existen detrás de los números y las palabras que organizan lo que podemos pensar y decir sobre los fenómenos económicos. Para expresarlo muy rápidamente: la economía no es una realidad que tiene un significado natural, sino que por el contrario, necesita ser significada. Un capítulo en sí mismo está compuesto por comprender quiénes tienen la mayor legitimidad para hablar de estos fenómenos e imponer ciertos significados sobre lo que es esperable de la economía.

El proceso político inaugurado en 2001, y la impronta kirchnerista dado al mismo desde 2003, han permitido algunos desplazamientos en este  terreno.  Las anteriores voces y sellos de instituciones asociadas al mainstream de la economía (FIEL, CEMA, entre otras) fueron rodeados por nuevos intérpretes que enfatizan mucho más claramente el carácter agonístico que tienen los fenómenos económicos.

Podríamos comprender este proceso como un avance del pensamiento heterodoxo, pero sería más apropiado hablar de economistas que se definen por la negativa (no ser ortodoxos), los cuales conforman un conglomerado muy heterogéneo donde la línea divisoria pasa por si se apoya o no al gobierno. El saldo positivo de esta situación tiene menos que ver con el avance de tal o cual escuela de pensamiento y más con el aprendizaje que permite este nuevo universo de intérpretes de la economía, más cambiante, abierto y agonístico: detrás de toda verdad (económica) hay una voluntad de poder.

La propuesta busca revertir normativas heredadas de la dictadura

PONEN TRABAS A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS


Publicado el 19 de Junio de 2011

Por Nicolás Bonti

La discusión parlamentaria se retomaría hacia fines de junio: la coyuntura electoral y la oposición del establishment financiero y los bloques no oficiales han retrasado su tratamiento.
 
La Comisión de Finanzas, presidida por el opositor Alfonso Prat Gay, desarrollará a partir de junio nuevas rondas de discusión para tratar los proyectos que buscan modificar la normativa actual. Participarán académicos, supervisores del sistema y funcionarios del Banco Central de la República Argentina, que no fueron convocados el año pasado.

La situación que atraviesa el sector impone la necesidad de un cambio de rumbo, que empiece a desandar los pésimos resultados que se han obtenido a partir de la Ley 21.256 de Entidades Financieras de la última dictadura militar, que desde 1977 regula el funcionamiento del sistema bancario. Este panorama crítico se observa, por ejemplo, en los datos divulgados por Carlos Heller, cuando en un artículo publicado el 14 de mayo de 2010 señala que “de las 3461 localidadesque hay en el país, cerca de 2400, es decir el 70%, no tiene una sola casa bancaria”. Al mismo tiempo, indica que “a nivel socioeconómico, mientras los segmentos medios y altos están bancarizados en más de un 80%, en los de ingresos bajos la bancarización es del 50, y en los de ingresos muy bajos de apenas el 20”.

En esta misma línea, un informe de la CEPAL sobre bancarización en el país dado a conocer en 2008 señala que “la actitud del sector bancario en la materia se basa en la rentabilidad que en el corto plazo le ofrece su poder de mercado para la fijación de precios, habiendo perdido la perspectiva de las consecuencias desfavorables que ello trae aparejado para el largo plazo”.

Este panorama busca ser revertido por el proyecto presentado el 26 de abril del año pasado, firmado por los bloques Nuevo Encuentro, Proyecto Progresista y Partido de la Concertación – Forja. El mismo propone considerar al sistema bancario como un “servicio público”, lo cual implicaría priorizar el interés de los usuarios por sobre el comercial de los bancos, al entender que la actividad financiera representa un pilar fundamental para promover el desarrollo social y económico de la población. Pero además de esta propuesta impulsada por Carlos Heller, existen otras dos en tratamiento: una de Federico Pinedo (PRO) y otra de Gerardo Milman (GEN), que no apuntan contra el espíritu de la medida vigente, ya que consideran inoportuna la regulación de la actividad y no comparten que se la conciba como un servicio público.

Ante las divergencias irreconciliables entre estas dos propuestas con la de “servicios financieros”, posiblemente se terminarían emitiendo dos dictámenes, en una comisión donde el kirchnerismo no cuenta con mayoría. Ante esta incertidumbre, se cifran diversas expectativas en torno a qué actitud adoptará el oficialismo en la discusión, en un contexto electoral y ante un sector tan poderoso y concentrado en términos económicos como es el financiero.

La estrategia oficial podría ir en el sentido de no tensionar las relaciones, actualmente cordiales, con el sector. Pero si el proyecto de Heller quedara en minoría, se postergarían las modificaciones sustanciales del actual esquema heredado de la dictadura y pensado para ser funcional a la obtención, por parte de los actores privados, de extraordinarias ganancias financieras en desmedro del desarrollo productivo y social.

La posición de las cámaras bancarias quedó clara en la reunión de comisión que tuvo lugar en noviembre del año pasado, donde participaron los bancos extranjeros (ABA), los representantes de los bancos privados de capital nacional (ADEBA), las entidades que brindan créditos al consumo (ABE) y la institución conformada por los bancos públicos y la banca cooperativa (ABAPPRA). Los cuestionamientos principales tuvieron que ver con la denominación de “servicio público” a la actividad, y a los topes previstos en el cobro de tasas y la obligación de destinar un porcentaje más alto de financiamiento que el actual al sector de las pymes. Otros aspectos que incorpora la propuesta de Heller son el fomento de la actividad bancaria en el interior del país, la creación de una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros, el otorgamiento al Poder Ejecutivo de la facultad de autorizar el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero (restableciendo el criterio de reciprocidad con los países de origen), y la limitación al 8% de la participación de mercado que se permitiría a las entidades.

Opinión
“La ley y la reforma de la Carta Orgánica son dos cambios significativos para profundizar el modelo”

Por Carlos Heller
Diputado Nuevo Encuentro.

Asistieron a las discusiones en la Comisión de Finanzas los representantes de las pymes, que dieron en su mayoría un pleno apoyo a nuestro proyecto; las organizaciones de defensa del usuario bancario; las asociaciones de las grandes empresas y de los bancos. Los tiempos legislativos y políticos llevaron a que todo el año 2010 se insumiera en este trámite. Por la envergadura del proyecto no resulta preocupante que se debata lo suficiente, la sociedad debe tomarse su tiempo para decidir el momento adecuado.

Mientras, el movimiento cooperativo juntó más de 900 mil firmas en apoyo, además tenemos el respaldo de miles de asociaciones civiles, y de varios Concejos Municipales y Legislaturas Provinciales.

La aprobación será un paso importante, que se debería completar con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, para lo cual también he presentado un proyecto. Así, se fortalecería el vínculo que tiene la institución con el gobierno nacional, y se ampliarán los objetivos para preservar el valor de la moneda, en consonancia con un elevado nivel de empleo y un desarrollo económico sostenible, con sentido social y equidad distributiva.
Son dos cambios significativos que ayudarán a la profundización del modelo.

Otra cuenta pendiente de los ’90

AVANZA LA ESTRATEGIA OFICIAL PARA SUPERAR LOS LITIGIOS EN EL CIADI


Publicado el 12 de Diciembre de 2010

Por Nicolás Bontti

A la fecha se registraron 45 casos por un monto originario de 50 mil millones de dólares, reducido actualmente a 13 mil millones. Del total de las demandas, sólo el 13% no proviene de empresas privatizadas. Los argumentos oficiales.
 
El CIADI es un tribunal internacional constituido con el propósito declarado de proporcionar servicios para la conciliación y el arbitraje de controversias en materia de inversión entre países, y entre países y empresas. En los pleitos, el jurado no lo designa el país anfitrión de las inversiones, sino la empresa inversora y el Banco Mundial lo que, de hecho, implica un alejamiento del pretendido “trato igualitario” a nacionales y extranjeros.

Si bien se creó el 18 de marzo de 1965, la Argentina adhirió recién el 28 de julio de 1994, a través de la Ley Nº 24.353 con el pretextos de garantizar “seguridad jurídica” a las inversiones externas principalmente las privatizadas.  Con la caída del Menemato y la convertibilidad comenzaron a llover reclamos contra la Argentina de empresas supuestamente damnificadas por la devaluación. El monto de las demandas llegó a los 50 mil millones de dólares, equivalente a más de siete veces la deuda que  hoy se está negociando con el Club de París.

REVERTIR LA HERENCIA. La política oficial de los últimos años logró desestimar la mayoría de las demandas, reduciéndolas a un monto equivalente a los 13 mil millones de dólares. La estrategia oficial tiene una elevada dosis de pragmatismo. Apunta a cuestionar, principalmente, al CIADI y no a los acuerdos bilaterales con otros países. Se trata de dilatar los arbitrajes, postergándolos, y de renegociar contratos con empresas que hayan suspendido sus demandas ante el organismo dependiente del Banco Mundial. En las victorias obtenidas, aparecen los conflictos con los fondos especulativos, pero la situación se vuelve más compleja en el área de servicios públicos, debido a las tarifas que se encuentran congeladas desde 2005.

La Procuración del Tesoro de la Nación, es la encargada de llevar adelante la defensa argentina en estos casos arbitrales.

Consultado por Tiempo el Dr. Gabriel Bottini, Director Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales confirmó que “Las estrategias que la Procuración del Tesoro interpone en cada uno de los casos arbítrales dependen de los planteos y agravios que la demandante presente contra el Estado. En los casos de emergencia económica, en los cuales el Estado fue demandado por empresas extranjeras que consideraron que la pesificación les había violado las normas que protegen la equivalencia con el dólar, la Procuración sostiene que la medida tomada por el Estado ante la crisis económica del 2001 no afecta la protección de esas inversiones. Esos argumentos están siendo recogidos por el CIADI en los últimos laudos”.

La Procuración sostuvo que la medida tomada por el Estado ante la crisis económica de 2001 no afecta la protección y el trato igualitario de esas inversiones en relación a las de origen nacional. Sobre los diferendos pendientes el funcionario aseguró que  “Las expectativas son favorables en cuanto al desarrollo de los procedimientos arbitrales en virtud a las decisiones favorables que hemos obtenido este año”. Refieréndose a los fallos de  Enron Creditors Recovery Corp, Ponderosa Assets LP y Sempra Energy Internacional.

De las once causas con laudo, cuatro han sido contra la Argentina: tres de ellas se encuentran firmes y una posee un recurso de nulidad en trámite. Las siete restantes han sido a favor del Estado argentino, pero dos de ellas fueron apeladas por las empresas demandantes, lo que podría permitirles revertir el laudo inicial. El monto total de las demandas se estima entre unos U$S 13 mil y U$S 20 mil millones, equivalentes aproximadamente a 30 veces el presupuesto anual en salud, o a un 6,5% del PBI.

La mayoría de los reclamos efectuados ante el tribunal internacional se relacionan con el impacto que algunos inversores extranjeros consideran que les produjeron las medidas económicas de emergencia adoptadas, especialmente en 2002, por el gobierno argentino. Sin embargo, también afectaron a otros inversores y a la ciudadanía argentina. El mayor problema es que las diferentes empresas demandantes se alzaron con ganancias extraordinarias e inéditas a nivel internacional durante los ’90, de la mano del proceso de privatizaciones, y nunca aceptaron hacerse cargo de los riesgos de sus propias inversiones. Además, ninguno de los inversores extranjeros tuvo ni tiene vedada la posibilidad de recurrir a tribunales nacionales para resolver pleitos comerciales con el Estado argentino.

En la década menemista, el país suscribió 59 tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones con otros países (conocidos como TBI). Los mismos fueron ratificados por leyes del Congreso Nacional y se encuentran  vigentes. Son los que permitieron la intervención del CIADI para resolver los diversos diferendos comerciales que se produjeron entre los firmantes. El Congreso tiene la atribución de derogarlos, ya que en su mayoría fueron firmados en 1992 y 1993, por un período de diez años. Si al cumplirse ese lapso de tiempo no se denuncian, siguen vigentes, y si se lo hace, los derechos adquiridos continúan por otros diez años. Las demandas contra el país alegan la cancelación de contratos, la pesificación posterior a la devaluación o la suspensión de la indexación de tarifas heredada de la convertibilidad.

LOS CASOS MÁS RESONANTES. Uno de los casos en el CIADI que mayores repercusiones ha generado ha sido el de los bonistas, en su mayoría italianos. Se trata de personas individuales, en un número que ronda entre los 170 y 190 mil, a las cuales los bancos italianos vendieron bonos de la Argentina, principalmente en la peor época de crisis, a fines de 2001. De esta manera, lograron deshacerse de los activos que estaban a un valor muy bajo, y se los dieron a los clientes ancianos y jubilados, solicitándoles luego sus poderes para ser representados en un juicio contra la Argentina.

Nicola Stock, presidente de la Task Force Argentina (TFA), grupo que representa a los bonistas italianos que tenían U$S 4400 millones de dólares en los denominados “tango-bonds” luego del default de 2001, se ha mostrado disconforme ante las propuestas de canje realizadas desde 2005, si bien la oferta de junio de este año tuvo una importante aceptación de los tenedores, reduciéndose el monto inicial a U$S 2000 millones. No ocurrió así con los “fondos buitre”, es decir los grandes fondos de inversión con juicios contra el país.

En otro caso importante, el grupo Marsans presentó en diciembre de 2008 una demanda ante el organismo del Banco Mundial a través de Teinver, la sociedad patrimonial de Díaz Ferrán y Pascual, que era la propietaria directa del 95% de Aerolíneas Argentinas, exigiendo el pago de 500 millones de dólares por su participación en la empresa en el momento de su expropiación, basándose en una valoración independiente de los activos de la compañía. Asimismo, el grupo español reclama entre 1500 y 2000 millones en compensación por el supuesto impacto sobre la empresa por la congelación de tarifas y por haber afrontado los costes asumidos por Marsans por la adquisición de 70 aviones a Airbus destinados en su mayoría a Aerolíneas y Austral.

Teinver se encuentra actualmente en la etapa de jurisdicción, y el monto del reclamo ronda los U$S 1000 millones.

Por su parte, el Grupo Suez de origen francés se encuentra a la espera de la decisión del laudo del tribunal. No se actuó sobre la Argentina por la rescisión de los contratos, sino tan sólo por no haber otorgado aumentos tarifarios. Pero la operatoria de esta empresa fue escandalosa, incumpliendo las metas de inversiones fijadas por contrato y privando a millones de argentinos de un servicio tan esencial. El argumento oficial para dar de baja el contrato señala, además, el peligro al que se hallaba expuesta la población, por la distribución de aguas contaminadas, afectadando  más de 800 mil personas en el Conurbano.

POLÍTICA.  No se trata sólo de desarrollar una estrategia para sortear los litigios ante el CIADI, sino de pensar cómo ir desarticulando los distintos engranajes del andamiaje institucional noventista. En ese intento están en juego no sólo el funcionamiento de servicios estratégicos para la población y la sanción de todos los incumplimientos contractuales de las privatizadas, sino también la continuidad en la recuperación de la soberanía política nacional que el menemismo remató junto a los activos públicos.

Lo que dejó el menemismo

El vasto programa de privatizaciones que tuvo lugar en nuestro país fue uno de los pilares del proceso de reformas estructurales de los ’90, y son las empresas que resultaron beneficiarias bajo ese esquema las que tienen en curso el mayor porcentaje de demandas en el CIADI.

La forma en que se realizaron las transferencias de las empresas públicas permitió la conformación y el mantenimiento de monopolios en diversos sectores, con la consecuente concentración del capital y el fortalecimiento de grupos económicos nacionales que emergieron durante la dictadura y actuaron en esos años como punto de contacto entre los inversores extranjeros y el gobierno menemista, consolidando el modelo de acumulación iniciado en 1976.

La mayoría de las demandas en el CIADI se explican por el sector energético (37%), que involucra las extracciones de gas y petróleo cedidas en 1990 a la española Repsol. Le siguen las presentadas por empresas del sector eléctrico (22%) –fuertemente controlado por transnacionales de capital estadounidense y europeo–, de aguas (19%) –centralizado por la transnacional francesa Suez–, de servicios informáticos (6%) –donde destaca la privatización de la producción de los Documentos Nacionales de Identidad en manos de la alemana Siemens–, y de puertos (3%).

Opinión I
“Entendieron el escenario que vivió la Argentina”
Por Dr. Joaquín da Rocha
Procurador del Tesoro de la Nación.

En el 2010 el CIADI tomó los argumentos del Estado Argentino y anuló dos casos que habían sido desfavorables a nuestro país. Cuando hace 10 años se decía que habíamos pasado por una situación devastadora, los otros países no nos creían y pensaban que inventábamos esto para no pagar. Luego de 2008 con la crisis mundial, muchos de esos países entendieron el escenario que vivió la Argentina. Esto hace que los organismos internacionales reconozcan los alcances de una verdadera emergencia económica que nos impedía cumplir con nuestras obligaciones. Más aún, reconocieron que los tratados bilaterales de inversión expresamente tenían en cuenta la posibilidad de dejar de lado los pactos en casos de emergencia como la que se vivió, mientras antes ni siquiera consideraban la existencia de una norma que contemplaba esa posibilida.

En 2003 la Argentina tenía reclamos de alrededor de U$S50.000 millones ante diferentes organismos de arbitraje internacional. Gracias a la estrategia y a las negociaciones con muchas de las empresas, por fuera de los litigios, este año los reclamos contra el país están en el orden de los U$S13.000 millones y la cantidad de juicios ha disminuido a menos de la mitad.

Opinión II
“Hay que derogar las 54 leyes de los TBI vigentes”
Por Agustin Crivelli
Economista CEMOP (Madres de Plaza de Mayo).

En el CIADI se arma un tribunal para cada disputa en particular, compuesto por tres jueces, dos de los cuales son elegidos por la empresa inversora y el último por consenso con el país receptor, que al no ser logrado es seleccionado por el Banco Mundial.

La Argentina no ha pagado ningún juicio aún, pero estas demandas sirven como instrumentos de presión por parte de las empresas litigantes, las cuales buscan posicionarse mejor en las negociaciones con el Estado. Para que se realicen erogaciones por parte de nuestro país, los fallos deben ser internalizados, dando la Corte Suprema de Justicia autorización al Tesoro Nacional.

La estrategia argentina consiste en ir desactivando los casos uno por uno. La situación es compleja porque cualquier socio de un grupo inversor, aunque sea minoritario, puede iniciar una demanda contra el país. En este contexto, lo central sería dar de baja la suscripción al Convenio de Washington, como lo hizo Bolivia en 2007, notificando al Banco Mundial. Si eso se hiciera, los casos en disputa seguirían vigentes, pero ayudaría a que se empiecen a resolver los conflictos. Además, el Congreso debería derogar las 54 leyes de los TBI que se encuentran vigentes.

Para terminar con la herencia de la especulación empresaria en el mercado de trabajo

EL PROYECTO CONTRA LA TERCERIZACIÓN SE TRATARÍA RECIÉN EL AÑO PRÓXIMO



Publicado el 28 de Noviembre de 2010


Por Nicolás Bontti

Presentado por los diputados Julio Piumato y Héctor Recalde, ya tiene despacho de Comisión de Trabajo pero su tratamiento depende de Labor Parlamentaria. No prohíbe la tercerización pero amplía la responsabilidad solidaria.
 
El trágico episodio que tuvo lugar entre los ferroviarios el pasado 20 de octubre, cuando fue brutalmente asesinado Mariano Ferreyra y otras dos personas resultaron heridas, se cobró nuevas víctimas ante un justo reclamo por una situación laboral digna, y reabrió el debate, teñido de sangre, que aún la sociedad y la clase política deben dar para revertir este nefasto legado de aquellos siempre preocupados por dar “buenas señales” a los mercados.


La tercerización laboral es una problemática compleja que se inscribe en la crisis del trabajo asalariado como fenómeno global, con sus particularidades para el caso argentino. Diferentes empresas utilizan esta modalidad de contratación desde hace décadas, no sólo como forma de abaratar costos laborales sino también y principalmente como formas de organización de la producción y el trabajo en su interior y de disciplinamiento laboral. Esta situación tomó particular relevancia en nuestro país con la implementación de las leyes de flexibilización laboral durantes los gobiernos de Menem y De la Rúa.

Recientemente  fue presentado un proyecto sobre la subcontratación de personal, elaborado por Julio Piumato, Secretario de Derechos Humanos de la CGT. La iniciativa ya tiene despacho de comisión y su tratamiento en el recinto depende de la Comisión de Labor Parlamentaria, lo cual implica que, seguramente, será tratada el año próximo.

Consultado al respecto, el diputado nacional del FoV y reconocido abogado de la CGT Héctor Recalde, comentó que “la propuesta no impide que las empresas contraten servicios que involucren a trabajadores, sino que serían solidariamente responsables por eventuales violaciones de sus derechos por parte de las subcontratistas”.

Asimismo, reflexionó que “la tercerización es un fenómeno que se profundizó en los '90, de la mano de la privatización de las empresas públicas, que expulsaron a muchos trabajadores que pasaron a formar parte de las contratistas, sin que se respetaran los convenios colectivos de trabajo”.

OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO INFORMAL. Otros casos destacados se observan en las empresas que estructuran su funcionamiento a través de la rotación permanente de pasantes, buscando de esta forma reducir los costos laborales, si se los compara con los que implican los trabajadores registrados. Miles de estudiantes universitarios, convocados para realizar pasantías de trabajo, esperan formalizar una relación laboral. Sin embargo, en muchísimos casos, esto no ocurre, ya que gracias a ciertos puntos débiles de la ley terminan siendo mano de obra calificada y de bajo costo, que se va remplazando sistemáticamente, sin que por ello se cumplan tampoco los objetivos formativos que una pasantía debería respetar.

Estas situaciones se generan porque la ley vigente (en su espíritu) es laboral, no formativa. A partir del cambio de enfoque se podrían generarán la regulación del aporte económico y la cobertura social. Los estudiantes, por su parte, ven las pasantías como oportunidades concretas de conseguir empleos. Tanto es así que muchas universidades privadas promocionan sus carreras con el argumento de que cuentan con convenios de este tipo con empresas privadas.

En otras situaciones, se aprovecha al máximo el “período de prueba” de tres meses que la ley permite, tratando de explotar un capital con el que el trabajador cuenta y a pesar del cual, luego de ese tiempo, será remplazado por otro candidato en situación similar.

Modelo de desigualdad entre trabajadores

Consiste en un esquema a través del cual una empresa de cualquier tamaño, delega los procesos propios de la administración de personal a un tercero, incluyendo la contratación, cálculo y pago de nómina y prestaciones obligatorias. Esta modalidad, nacida en el boom del modelo neoliberal, fue vendida como la panacea de la recomposición salarial y para que los trabajadores tengan la posibilidad de elegir la empresa que más convenía a sus intereses. El personal así contratado, realiza frecuentemente las mismas tareas que sus compañeros, pero percibe salarios menores y sus derechos son vulnerados al no respetarse el principio constitucional de “igual remuneración por igual trabajo”. En Latinoamérica este esquema se ha incrementado considerablemente en los últimos 20 años, a través de gobiernos que buscaron promover a sus respectivos países como destinos atractivos y estratégicos, con mano de obra calificada a un costo menor, lo cual redunda en una mayor rentabilidad para las empresas.

En definitiva, no es otra cosa que la desnaturalización de la esencia de lo que es ser trabajador. Las condiciones de los tercerizados allanan el camino hacia la incertidumbre, con trabajadores que no pueden aspirar a jubilarse en su oficio, obligados a cambiar sistemáticamente de trabajo. Asimismo, quienes no tienen una identidad laboral firme, tampoco suelen tener experiencia en organización sindical. Se trata de un modelo de desigualdad, de fraude laboral, que favorece la existencia de miles de trabajadores con salarios reducidos, sin derechos ni reconocimiento de los convenios colectivos de cada sector.

Opinión
“Apuntan a reducir el costo laboral para aumentar la rentabilidad”

Por Guillermo Pajoni
Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.


Las prácticas de tercerización, junto a la rotación permanente de personal gracias al período de prueba de tres meses y las becas y pasantías, están muy extendidas en nuestro país y son formas de fraude laboral que perjudican seriamente a los trabajadores, principalmente porque apuntan a reducir el costo laboral para aumentar la rentabilidad empresaria.

En el caso particular de la subcontratación, la vieja Ley 20.744 de Contrato de Trabajo sancionada en 1974 decía que tanto la actividad principal como la accesoria eran solidariamente responsables. Con la dictadura, se elimina el término accesorio a través de la modificación del artículo 29, entonces la empresa matriz sólo responde solidariamente cuando se trata de la actividad normal y específica del establecimiento.

De esta manera, por ejemplo, en el caso de una empresa de seguridad de un banco, este no respondería porque su actividad es principalmente financiera. Por otra parte, el gobierno dictatorial también creó las empresas servicios eventuales, hoy en su mayoría trasnacionales, y principales beneficiarias de este esquema de reclutamiento de personal.

En el caso de las becas y pasantías, se contratan trabajadores con una remuneración muy inferior a los de planta, sin que estén bajo el convenio colectivo de la actividad correspondiente. Además, esto permite la fragmentación del colectivo laboral, porque dentro de la misma empresa vamos a encontrar trabajadores de primera y de segunda categoría.

El tipo de contratación, entonces, los deja por fuera de la protección de los derechos laborales, y es también fraudulenta porque no se cumplen los objetivos formativos.

http://tiempo.elargentino.com/notas/proyecto-contra-tercerizacion-se-trataria-recien-al-ano-proximo
De la argentina para el mundo

EL TURISMO BAILA AL RITMO DEL 2 X 4

Publicado el 14 de Noviembre de 2010
Por Nicolás Bontti

El tango genera más de 400 millones de pesos anuales, que se triplican al considerar todas las actividades indirectas que promueve. El 20% de los turistas relacionan directamente a la Ciudad de Buenos Aires con su música tradicional.
 
Desde la primera parte del siglo XX, la imagen de Buenos Aires ha estado estrechamente vinculada al tango. Sin embargo, bastante tiempo ha transcurrido desde las primeras milongas a las actuales academias, restaurantes que ofrecen cenas-show pensadas para recibir al turismo internacional, y también la fusión con la música electrónica.


Luego de un extenso período de pérdida de peso económico dentro de las actividades culturales de la Ciudad de Buenos Aires, el tango ha entrado en los últimos años en una senda de expansión. A partir de la salida de la convertibilidad en 2002, grandes contingentes de turistas se han acercado a nuestro país, adquiriendo Buenos Aires un lugar destacado en la materia. Se suelen indicar como otros aspectos que favorecieron esta dinámica el mejoramiento general de la situación económica del país y la aparición de una nueva generación interesada por el tango, con milongas y clases de baile que cuentan con un número creciente de jóvenes.


En contraposición con los espectáculos para extranjeros, el costo de las entradas de las milongas suele ser bajo y hasta en muchos casos gratuito, aunque se generen ingresos por los consumos adicionales de los visitantes, como comidas y bebidas, también a un precio accesible. Esto es así porque los organizadores entienden que un público popular no estaría en condiciones de afrontar precios mayores.

EL TANGO COMO BIEN CULTURAL. El baile representa un bien cultural que se ha valorizado crecientemente en las últimas décadas, de la mano de una gran variedad de eventos internacionales que lo han posicionado favorablemente como bien de cambio. Entre ellos aparecen los sucesivos Mundiales de Baile y Festivales de Tango desarrollados en la ciudad, con miles de participantes. En el último informe sobre preferencias de visitantes desarrollado por el Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al período 2008, se señala que el tango explica el 1,9% de las actividades desarrolladas por turistas del interior del país, mientras que para el caso de los provenientes de otros países alcanza el 16,74%, sólo superado por el shopping y la gastronomía. Asimismo, la palabra con que los turistas del exterior mayormente identifican a la ciudad es “tango”, con un 19,8 % (más de 8 puntos por encima de cualquier otro calificativo o imagen).

Al mismo tiempo, han proliferado durante los últimos años numerosas iniciativas en distintos barrios, clubes y asociaciones, que parten del interés por asegurar que el tango no pierda sus raíces, en la era de la globalización económica y cultural. Sin embargo, enfrentan el inconveniente de la falta de recursos, lo que en muchas ocasiones les impide promover una dinámica creativa a través del arte que cultivan. Ante esta situación existe la preocupación de que si no se logran generar las condiciones económicas para ampliar la oferta y la creación cultural y garantizar el acceso de mayores sectores de población local, el tango dejará, al menos parcialmente, de expresar parte de nuestra vida contemporánea como argentinos, transformándose en una pieza de museo para los turistas del resto del mundo.

Desde todos los rincones

El Ministerio de Turismo de la Nación informó que la estimación de las llegadas de turistas no residentes a la Argentina en el segundo trimestre de 2010 muestra una variación positiva del 12,9%, respecto del mismo período del año anterior, con un total de 1.024.238 (consideradas todas las vías de arribos).

La balanza de turistas –diferencia entre los turistas extranjeros que llegaron a nuestro país y los turistas argentinos que visitaron el exterior–, en el segundo trimestre de 2010, fue negativa (-44.488 personas). Sin embargo, con respecto al mismo período del año 2009, la balanza mejoró considerablemente gracias a que si bien tanto las llegadas como las salidas de turistas aumentaron, el crecimiento de las primeras (12,9%) fue mayor al de las segundas (5,5%).


Opinión I
“El tango ocupa un lugar central en el turismo cultural”

Por Enrique Meyer
Ministro de Turismo de la Nación.


El Turismo Cultural en Argentina es una de las principales motivaciones que tienen los visitantes extranjeros y nacionales para recorrer nuestro territorio. La riqueza cultural que tenemos a lo ancho y largo de nuestro país es de una diversidad y atractivo inigualables: esto se ve significativamente en la arquitectura, costumbres, gastronomía, artesanías, fiestas populares, música, espectáculos y museos.

Este tipo de turismo es de vital importancia para la Argentina porque da a conocer y permite disfrutar de nuestro patrimonio cultural. También el tipo de turista que se traslada por esta motivación es consciente de la importancia de la cultura de un país y de la preservación y conservación de la misma. También para las comunidades locales es de vital importancia, ya que el tratamiento adecuado del turismo cultural valoriza sus costumbres provocando un desarrollo económico y social y la generación de nuevos empleos.


El tango ocupa un lugar central en este aspecto, como también lo ocupan muchas de las expresiones culturales de las diferentes regiones de nuestro territorio. Es parte de la identidad del Río de la Plata y la Unesco ha dado cuenta de esto al declarar al tango Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como producto de la amalgama de raíces africanas, europeas y criollas. Es muy raro que un turista extranjero se vaya de la Argentina sin llevarse entre sus recuerdos un disco del inmortal Carlos Gardel, o sin haber presenciado uno de los innumerables espectáculos de tango que desarrollan en la ciudad de Buenos Aires


Opinión II
“Existe una tensión entre mercado y cultura”

Carina Karp
Socióloga (UBA) y Docente Universitaria.


La actualidad del tango supone una tensión entre las demandas del mercado y el patrimonio cultural, donde se recrean significados a partir de una tradición artística. Las industrias culturales son aparatos económicos dedicados a la producción, distribución comercial y comunicación masiva de sus creaciones, y como tales, comparten ciertos rasgos con otras ramas, como la serialización, la división del trabajo y el consumo masivo. De esta manera, se asimila el tango, en gran medida, a la lógica de mercado, homogenizando la oferta a partir de ciertas características autóctonas consideradas como distintivas.

El turismo, actividad ligada a grandes organizaciones transnacionales, vende al tango como uno de sus atractivos principales, y al hacerlo ofrece el disfrute del patrimonio material y cultural de Buenos Aires, muchas veces separado de sus raíces y funciones, construyendo una imagen artificial del mismo. Esto no siempre tiene un correlato con sus implicancias sociales actuales, que se configuran a través de diversos lugares, como Centros Culturales, Clubes, Asociaciones Barriales y Milongas. Allí es donde se construye la cotidianeidad de este arte.
 
 
CIFRAS ILUSTRATIVAS (Datos del Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires)
  • Más de 3 de cada 4 pesos que genera la industria del tango proviene del público internacional.
  • Cerca del 4 por ciento del valor total generado por la industria cultural de la ciudad provenía del tango en el 2005 (Según estimaciones del Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires).
  • El tercer lugar tiene el tango, luego de la música tropical y el rock, entre los ingresos que percibe SADAIC por género musical.
  • Más de 3.000 turistas promedio por día incluyen entre sus actividades la concurrencia a un espectáculo de tango.
  • Origen de los turistas que incluyen en su visita la concurrencia a un espectáculo de tango (porcentual): America Latina: 15 / Estados Unidos y Canadá: 30 / Europa: 40 / Resto del Mundo: 15.
  • Durante el Campeonato Mundial de Tango 2010 la participación de los extranjeros fue de 83,1% y de 16,9% para los visitantes del interior del país. (Fuente: Informe del Ente de Turismo de Buenos Aires)
http://tiempo.elargentino.com/notas/turismo-baila-al-ritmo-del-2-x-4

    Publicado 6 de noviembre de 2010

    Historia y actualidad de los centros del pensamiento conservador



    EL NICHO NEOLIBERAL EN ARGENTINA
    Por Nicolás Bontti


    En círculos académicos, partidos, empresas, medios y organismos internacionales, han tenido una fuerte incidencia en la diagramación de políticas públicas durante más de cuatro décadas. Hoy desautorizados, aguardan otra oportunidad.

    Grupos técnicos y profesionales con participación en la toma de decisiones públicas adquirieron espacios estables y específicos desde los cuales relacionarse con el Estado y la sociedad. 

    La obtención de un mayor grado de “conciencia popular” sobre lo que acontece, nos remite a la “lenta guerra de trincheras” que siempre implicó el debate ideológico. Latinoamérica en general y la Argentina en particular han sido, fuertemente desde principios de los ’70, una sala de ensayo para los ideólogos del neoliberalismo, a través de un andamiaje institucional de carácter transnacional que los financió y que actualmente sigue operando, a la espera de oportunidades para ejercer una influencia que, en este país, tuvo su máximo auge durante el menemismo.

    Una gran cantidad de países latinoamericanos han aprendido la lección, producto de las desastrosas consecuencias de este tipo de políticas en la región. Brasil, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Venezuela y la Argentina, están de acuerdo con seguir fortaleciendo sus respectivos estados, logrando a su vez acuerdos supranacionales que promueven sociedades más inclusivas e igualitarias, luchando diariamente con organismos y tecnócratas internacionales que bregan por una vuelta a los años ochenta y noventa, donde alcanzó mayor fuerza el neoliberalismo, de la mano del impulso de la “reaganomics” en los Estados Unidos y el ascenso de Margaret Thatcher en Inglaterra.

    LAS USINAS. El pensamiento neoliberal en el país tuvo por exponentes destacados, entre otros, a José Alfredo Martínez de Hoz, Álvaro Alsogaray, y ya más hacia nuestros días, Ricardo López Murphy y Domingo Felipe Cavallo. Proliferaron una serie de instituciones, más o menos visibles, que alentaron y financiaron la construcción de un “sentido común neoliberal”, en lo que implicó una notable contribución a la explosión económica y social de 2001. Entre las más influyentes, están la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la Fundación Mediterránea (FM-IERAL) y el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA).

    Sus economistas fueron parte de un proyecto político que buscó imponer un modelo de acumulación, que requería la capacidad de construir e imponer un punto de vista, y durante muchos años fueron los dueños indiscutidos de “la verdad”, amparados por un saber técnico que les allanó el camino hacia cargos públicos. Durante la década de 1960 se crearon diversos centros de estudios económicos financiados con fondos privados, o con subsidios de fundaciones internacionales. FIEL nace en este contexto, con el objetivo de ser alternativa al pensamiento estatista de boga, gracias a la convergencia de un grupo empresario con la Fundación Ford. Contó con el auspicio de la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio. Esta institución abasteció de funcionarios a la dictadura que se inicia en 1976: Martínez de Hoz (h) ministro de Economía (fue vicepresidente de la Fundación) y Roberto Alemann (ministro de Economía en 1981). De allí proviene Ricardo López Murphy, entre otros.

    Algo más de una década más tarde, nacía en Córdoba la Fundación Meditarránea, cuyo economista más destacado fue Cavallo. En la década de 1980 se crea la filial de Buenos Aires, gracias al apoyo de empresas como Bagó, Ledesma y Bagley, lo que representó un alivio económico para la institución, Por su parte, los economistas del Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA), también participaron de la gestión pública, como evidencian los casos de Carlos Rodríguez y Roque Fernández.

    La Sociedad de Mont Pelerin: las primeras voces del neoliberalismo

    El primer antecedente de esta contraofensiva neoliberal a nivel internacional estuvo dado por la conformación de la Sociedad de Mont Pelerin, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, de la cual participaron economistas, historiadores y filósofos, con la intención de reposicionar al liberalismo frente a la primacía que había ganado a nivel internacional la regulación estatal de la marcha de la economía. Entre los participantes más destacados del primer encuentro de este Grupo, se encontraban Friedrich Hayek (Nobel de Economía en 1974), Karl Popper (epistemólogo de gran peso, a pesar de lo que contribuyó a gestar a partir de esta Sociedad), Milton Friedman (inspirador de la famosa Escuela de Chicago y Nobel de Economía en 1976), entre otros reconocidos intelectuales que adherían irrestrictamente al libre mercado.

    El corpus de ideas que gestarían, apoyando en los postulados liberales de la economía clásica, aparecería en un documento dado a conocer 10 días después del primer encuentro, en el cual se señalaba “una preferencia por un gobierno mínimo y disperso”, en una defensa inmaculada de la propiedad privada que asociaban con la búsqueda de la libertad, preocupados por el siguiente diagnóstico: “los valores centrales de la civilización están en peligro”.

    "Mercados de expertos"

    Por Mariana Heredia

    Doctora en Sociología (EHESS). Investigadora del Conicet.

    El sector público tiene dificultades para retener a sus técnicos. Hay un “mercado de expertos”, que no siempre adhieren al ideario neoliberal, donde los distintos centros se encuentran y se disputan la atención de los decisores públicos y las fuentes de financiamiento. Antes eran las administraciones públicas las que producían información sobre la sociedad, pero eso cambió con los think tanks y la proliferación de ONG. Es innegable que luego de 2001, la repolitización de la economía y el repliegue de los economistas neoliberales han marcado una ruptura, esta constatación no debería ocultar la permanencia de estos centros y su peso en la orientación de la política pública. Sobre todo en dominios que hoy trascienden a la economía y las finanzas. Actualmente, a pesar de que la Presidencia haya recobrado el control del ministerio económico y el reclutamiento de estos funcionarios se haya tornado menos crucial y previsible, los partidos políticos, el gobierno y la administración del Estado siguen recurriendo a estos centros para elaborar, discutir y aplicar reformas. Hay que pensar en una nueva complementariedad entre las usinas de expertos y los otros actores.

    domingo, 31 de octubre de 2010

    Hacia la Cumbre en Seúl

    LOS EMERGENTES LLEGAN AL G-20 CON LA AUTORIDAD QUE LES DAN SUS RESULTADOS

    Publicado el 31 de Octubre de 2010

    Por Nicolás Bontti

    Europa y los Estados Unidos están en una situación económica y social muy delicada. La agenda incluirá la utilización de los tipos de cambio y el reconocimiento de un mayor protagonismo en el FMI a los miembros de Asia y América Latina.


    El G-20 se convirtió, desde el 25 de septiembre de 2009, en el organismo que se ocupa de la situación económica mundial, desplazando al G-7 y G-8.

    En su primera definición como foro permanente, se pronunció por políticas que protegieran el empleo decente, impulsando regulaciones sobre los bancos de inversión y paraísos fiscales, y avanzando en la discusión sobre la reformulación del FMI y el Banco Mundial, principales responsables de la crisis financiera internacional, por avalar prácticas económicas especulativas que derivaron en una debacle histórica para el sistema capitalista.

    Sin embargo, este debate sobre el rol de los organismos multilaterales de crédito no llegó a ninguna conclusión ni acuerdo relevante una vez finalizada la última Cumbre del grupo realizada en Toronto.

    Los líderes del grupo regresaron a sus países con una larga lista de tareas para realizar antes del próximo encuentro que se realizará en Seúl los días 11 y 12 de noviembre.

    EL CONTEXTO ECONÓMICO MUNDIAL. La economía internacional quiere empezar a recuperarse de la grave crisis financiera que comenzó en agosto de 2007 en los Estados Unidos, y que en 2008 se extendió a otros sectores y economías del globo. Los efectos de esa coyuntura se intensificaron en septiembre y octubre de 2008, cuando los valores bursátiles cayeron en picada en todo el mundo y fue necesario rescatar con carácter urgente grandes instituciones financieras de Europa y los Estados Unidos.

    Las “economías emergentes” y “en desarrollo” se vieron afectadas por el declive del comercio internacional y la disminución de los precios de las materias primas. Esta situación derivó en un gran perjuicio, tanto para las empresas como para los trabajadores de esos países, con hogares que debieron, en el mejor de los casos, moderar el consumo y la posible inversión, ante la desalentadora realidad que se comenzó a vivir.

    A principios de 2009, se dio un marcado incremento del desempleo en gran cantidad de países y una disminución de los ingresos en casi todos los integrantes del G-20.

    En los países centrales, los gobiernos intervinieron para fomentar la actividad económica con fuertes inyecciones de liquidez en los mercados financieros y políticas monetarias agresivas, en particular mediante recortes drásticos de los tipos de interés.

    Se han implementado, además, políticas de estímulo fiscal, con inclusión de recortes discrecionales de los impuestos y un aumento del gasto público.

    CRISIS Y AJUSTE. También se ha optado, en algunos casos, por la reducción de la jornada de trabajo, los programas de formación y la ampliación de las prestaciones del seguro de desempleo.

    El G-20 ha participado activamente en la coordinación de las respuestas mundiales y nacionales. Está planteado el debate acerca de si, efectivamente, la aplicación de estas medidas ha contribuido a evitar que la recesión fuera aun más acusada (y el número de quiebras y pérdidas de empleos, mayor) o si, por el contrario, el ajuste fiscal operado en los países europeos es un factor que agrava la recesión por la vía de contraer el consumo y la demanda.

    La primera de las posturas da por supuesto que no es posible mantener la fe irrestricta en las bondades del libre mercado. Paradójicamente, los principales promotores de ese libre mercado se vieron obligados a recurrir a la intervención estatal en la economía, para rescatar lo que el sistema por sí mismo había sido incapaz de salvar.

    Europa y los Estados Unidos atraviesan aún grandes problemas que se comenzaron a gestar al calor de la crisis especulativa.

    El pueblo francés se ha manifestado sistemáticamente en los últimos días, a raíz de las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Nicolas Sarkozy, particularmente la pretensión de aumentar de 60 a 62 años de la edad jubilatoria. La situación de España es aun peor, con siete trimestres consecutivos de crecimiento negativo de la economía, un desempleo galopante, y sin expectativas de que la situación se resuelva prontamente.

    Por su parte, los Estados Unidos decrecieron durante 2009: ni siquiera es seguro, según las previsiones que maneja la OIT, que pueda recuperar lo que ha perdido durante el corriente año.

    EMERGENTES. Por el lado latinoamericano del G-20, tanto la Argentina como Brasil se mostraron sólidos frente a la crisis, con una rápida capacidad de reacción ante la misma (apenas uno y dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PBI, respectivamente), gracias al ordenamiento financiero y la disciplina macroeconómica que supieron mantener, y que los posicionó de mejor manera ante la debacle.

    Las previsiones de la OIT señalan, a su vez, que durante 2010 Brasil ya estaría superando el nivel de actividad económica de 2008, con un 5,2% de crecimiento esperado, mientras la Argentina confirmaría la recuperación en la senda de crecimiento que experimentó entre 2003 y 2008. México, por su estrecha dependencia de la economía estadounidense, no ha tenido la misma suerte.

    LA PREVIA DE LA CUMBRE. En una serie de reuniones entre autoridades financieras de los distintos países del G-20, desarrolladas entre los días 21 y 23 de octubre en Corea del Sur, y tras semanas de desacuerdos sobre la conveniencia o no de retirar los estímulos y abrazar la austeridad fiscal, el G-20 convino en que son posibles las dos metas, es decir, avanzar hacia la reducción de la deuda pública, sin poner en peligro el crecimiento económico. El comunicado emitido una vez finalizados los encuentros establece que los países desarrollados tendrán que reducir sus déficits "al menos a la mitad" para el año 2013, así como estabilizar o reducir el peso de la deuda para 2016.

    Algunos dirigentes, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, se mostraron satisfechos de que la reunión reflejara las dos posturas, sin que se haya producido el “choque de los dos mundos”.

    Otro tema de discusión en esta previa de la Cumbre de noviembre en Corea se origina en que los Estados Unidos y las demás potencias acusan a China de mantener artificialmente devaluada su moneda, para otorgarles ventaja a sus exportadores en detrimento de sus competidores, incluidas las empresas estadounidenses.

    Se espera que se cierre el encuentro con un comunicado conjunto contra lo que se entienden como desequilibrios derivados del uso de políticas cambiarias.

    Asimismo, como resultado del desempeño de cada uno de los miembros del grupo, se ha acordado otorgar un mayor peso a los países “emergentes” y “en desarrollo” en el FMI, para hacer ese organismo “más efectivo, creíble y legitimado” y permitir su papel de apoyo al sistema financiero y monetario internacional.

    Las deudas del sistema financiero internacional

    El G-20 funcionó durante varios años bajo la coordinación del FMI, enmarcado en los lineamientos del Consenso de Washington.

    Se puede decir que desempeñó un papel secundario en el sistema de coordinación económica internacional, hasta que se desató la crisis del año 2008.


    La quiebra de bancos y casas financieras durante el segundo semestre de ese año y la propagación de los efectos de la limitación del crédito a la economía mundial fueron los detonantes para su jerarquización y la convocatoria decidida por parte del gobierno de los Estados Unidos para que se reuniera a nivel presidencial.

    Los países emergentes que habían sido el problema y la causa de creación del G-20 se visualizaron desde entonces como los protagonistas de la recuperación económica que debía seguir a la crisis.

    A pesar de que se haya logrado que la situación no llegue a una profunda depresión, aún se está lejos de construir una arquitectura financiera internacional que responda a las necesidades de las respectivas sociedades, canalizando los ahorros en sentido productivo y social.

    No existe hoy en el G-20 el consenso suficiente respecto de la profundidad que debe alcanzar la reforma y, en particular, sobre cómo corregir los fenómenos de especulación, falta de transparencia y aliento a la corrupción que significan el secreto bancario y los paraísos fiscales.

    Opinión I

    “Los Estados Unidos tienen serios problemas internos”

    Por Enrique Aschieri

    Economista, miembro del SID.

    En principio, hay que tener en cuenta que la semana próxima Obama tiene la posibilidad de perder la mayoría en las cámaras legislativas de su país. Eso tendrá gran incidencia sobre cómo se reconfigurará el mapa mundial con vistas a la próxima cumbre del G-20, ya que se podrían imponer sectores que defienden los postulados teóricos de los padres del neoliberalismo, con Von Hayek a la cabeza.

    Los Estados Unidos tienen serios problemas internos, y el acuerdo existente entre conservadores y laboristas en Inglaterra no creo que se explique por otro motivo que el de un intento de prepararse para lo que podría ser el peor de los escenarios posibles.

    Por otra parte, en nuestro país los factores de poder económicos están esperando para contragolpear, como grandes beneficiarios que han sido de los procesos de valorización financiera del capital.

    El problema más grave de la economía internacional es que el dólar está muy por encima de la necesidad de circulación mundial, entonces surge la pregunta sobre quién se hará cargo del ajuste.

    A partir de esa realidad es que en el G-20 se abrirá un escenario para que la mayoría de los países centrales impulsen su agenda reclamando un atraso en el tipo de cambio de algunos países emergentes para, de esa manera, crearle demanda al dólar, y en consecuencia, pagar los costos del ajuste.

    Hay que estar atentos, porque en la Argentina existe una coalición política y económica dispuesta a llevar a cabo ese programa.

    Opinión II

    “No habrá ninguna guerra cambiaria entre los países”

    Por Juan Miguel Massot

    Inst. Investigaciones de UNSAL.

    El problema general y que está en el fondo de las discusiones actuales es que los países más importantes tendrán la posibilidad de lograr una coordinación efectiva y alcanzar un consenso esperado desde hace mucho tiempo. Esto es posible ya que actualmente no hay un país que sea claramente líder, debido a que la crisis estadounidense pone en cuestión la unipolaridad.

    Para resolver los problemas se necesita de la coordinación, lo que implica incorporar las voces de algunos países emergentes como China e India. Sin embargo, no es claro cómo seguirá la situación, ya que los países desarrollados no tienen políticas y objetivos coherentes entre sí, lo cual complica la posibilidad de coordinar los temas fiscales y monetarios. Esto se ve muy claramente con China, que tiene importantes objetivos internos, entre los cuales aparece el seguir incorporando millones de personas al trabajo.

    El gran desafío, entonces, sería lograr la estabilidad monetaria sin caer en la recesión. Estamos ante un fenómeno relativamente novedoso. Antes, los temas los resolvían los países desarrollados, como cuando Francia y Alemania se pusieron de acuerdo para formar la Unión Europea, pero ahora el panorama ha cambiado, sobre todo con la actualidad de algunos países emergentes.

    Es una tarea muy compleja, por eso se logra tan poco en cada reunión del G-20. Lo importante en este momento es que no se va a desatar una guerra cambiaria y comercial entre los países. Hay mucha especulación, debido a la falta de coordinación, pero declarar una “guerra de monedas” o comercial es demasiado aventurado.

    http://tiempo.elargentino.com/notas/los-emergentes-llegan-al-g-20-con-autoridad-que-les-dan-sus-resultados