La propuesta busca revertir normativas heredadas de la dictadura

PONEN TRABAS A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS

Publicado el 19 de Junio de 2011

Por Nicolás Bonti

La discusión parlamentaria se retomaría hacia fines de junio: la coyuntura electoral y la oposición del establishment financiero y los bloques no oficiales han retrasado su tratamiento.
 
La Comisión de Finanzas, presidida por el opositor Alfonso Prat Gay, desarrollará a partir de junio nuevas rondas de discusión para tratar los proyectos que buscan modificar la normativa actual. Participarán académicos, supervisores del sistema y funcionarios del Banco Central de la República Argentina, que no fueron convocados el año pasado.

La situación que atraviesa el sector impone la necesidad de un cambio de rumbo, que empiece a desandar los pésimos resultados que se han obtenido a partir de la Ley 21.256 de Entidades Financieras de la última dictadura militar, que desde 1977 regula el funcionamiento del sistema bancario. Este panorama crítico se observa, por ejemplo, en los datos divulgados por Carlos Heller, cuando en un artículo publicado el 14 de mayo de 2010 señala que “de las 3461 localidadesque hay en el país, cerca de 2400, es decir el 70%, no tiene una sola casa bancaria”. Al mismo tiempo, indica que “a nivel socioeconómico, mientras los segmentos medios y altos están bancarizados en más de un 80%, en los de ingresos bajos la bancarización es del 50, y en los de ingresos muy bajos de apenas el 20”.

En esta misma línea, un informe de la CEPAL sobre bancarización en el país dado a conocer en 2008 señala que “la actitud del sector bancario en la materia se basa en la rentabilidad que en el corto plazo le ofrece su poder de mercado para la fijación de precios, habiendo perdido la perspectiva de las consecuencias desfavorables que ello trae aparejado para el largo plazo”.

Este panorama busca ser revertido por el proyecto presentado el 26 de abril del año pasado, firmado por los bloques Nuevo Encuentro, Proyecto Progresista y Partido de la Concertación – Forja. El mismo propone considerar al sistema bancario como un “servicio público”, lo cual implicaría priorizar el interés de los usuarios por sobre el comercial de los bancos, al entender que la actividad financiera representa un pilar fundamental para promover el desarrollo social y económico de la población. Pero además de esta propuesta impulsada por Carlos Heller, existen otras dos en tratamiento: una de Federico Pinedo (PRO) y otra de Gerardo Milman (GEN), que no apuntan contra el espíritu de la medida vigente, ya que consideran inoportuna la regulación de la actividad y no comparten que se la conciba como un servicio público.

Ante las divergencias irreconciliables entre estas dos propuestas con la de “servicios financieros”, posiblemente se terminarían emitiendo dos dictámenes, en una comisión donde el kirchnerismo no cuenta con mayoría. Ante esta incertidumbre, se cifran diversas expectativas en torno a qué actitud adoptará el oficialismo en la discusión, en un contexto electoral y ante un sector tan poderoso y concentrado en términos económicos como es el financiero.

La estrategia oficial podría ir en el sentido de no tensionar las relaciones, actualmente cordiales, con el sector. Pero si el proyecto de Heller quedara en minoría, se postergarían las modificaciones sustanciales del actual esquema heredado de la dictadura y pensado para ser funcional a la obtención, por parte de los actores privados, de extraordinarias ganancias financieras en desmedro del desarrollo productivo y social.

La posición de las cámaras bancarias quedó clara en la reunión de comisión que tuvo lugar en noviembre del año pasado, donde participaron los bancos extranjeros (ABA), los representantes de los bancos privados de capital nacional (ADEBA), las entidades que brindan créditos al consumo (ABE) y la institución conformada por los bancos públicos y la banca cooperativa (ABAPPRA). Los cuestionamientos principales tuvieron que ver con la denominación de “servicio público” a la actividad, y a los topes previstos en el cobro de tasas y la obligación de destinar un porcentaje más alto de financiamiento que el actual al sector de las pymes. Otros aspectos que incorpora la propuesta de Heller son el fomento de la actividad bancaria en el interior del país, la creación de una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros, el otorgamiento al Poder Ejecutivo de la facultad de autorizar el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero (restableciendo el criterio de reciprocidad con los países de origen), y la limitación al 8% de la participación de mercado que se permitiría a las entidades.

Opinión
“La ley y la reforma de la Carta Orgánica son dos cambios significativos para profundizar el modelo”

Por Carlos Heller
Diputado Nuevo Encuentro.

Asistieron a las discusiones en la Comisión de Finanzas los representantes de las pymes, que dieron en su mayoría un pleno apoyo a nuestro proyecto; las organizaciones de defensa del usuario bancario; las asociaciones de las grandes empresas y de los bancos. Los tiempos legislativos y políticos llevaron a que todo el año 2010 se insumiera en este trámite. Por la envergadura del proyecto no resulta preocupante que se debata lo suficiente, la sociedad debe tomarse su tiempo para decidir el momento adecuado.

Mientras, el movimiento cooperativo juntó más de 900 mil firmas en apoyo, además tenemos el respaldo de miles de asociaciones civiles, y de varios Concejos Municipales y Legislaturas Provinciales.

La aprobación será un paso importante, que se debería completar con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, para lo cual también he presentado un proyecto. Así, se fortalecería el vínculo que tiene la institución con el gobierno nacional, y se ampliarán los objetivos para preservar el valor de la moneda, en consonancia con un elevado nivel de empleo y un desarrollo económico sostenible, con sentido social y equidad distributiva.

Son dos cambios significativos que ayudarán a la profundización del modelo.

http://tiempo.elargentino.com/notas/ponen-trabas-aprobacion-del-proyecto-de-ley-de-servicios-financieros