Otra cuenta pendiente de los ’90
AVANZA LA ESTRATEGIA OFICIAL PARA SUPERAR LOS LITIGIOS EN EL CIADI
Publicado el 12 de Diciembre de 2010
Por Nicolás Bontti
A la fecha se registraron 45 casos por un monto originario de 50 mil millones de dólares, reducido actualmente a 13 mil millones. Del total de las demandas, sólo el 13% no proviene de empresas privatizadas. Los argumentos oficiales.
El CIADI es un tribunal internacional constituido con el propósito declarado de proporcionar servicios para la conciliación y el arbitraje de controversias en materia de inversión entre países, y entre países y empresas. En los pleitos, el jurado no lo designa el país anfitrión de las inversiones, sino la empresa inversora y el Banco Mundial lo que, de hecho, implica un alejamiento del pretendido “trato igualitario” a nacionales y extranjeros.
Si bien se creó el 18 de marzo de 1965, la Argentina adhirió recién el 28 de julio de 1994, a través de la Ley Nº 24.353 con el pretextos de garantizar “seguridad jurídica” a las inversiones externas principalmente las privatizadas. Con la caída del Menemato y la convertibilidad comenzaron a llover reclamos contra la Argentina de empresas supuestamente damnificadas por la devaluación. El monto de las demandas llegó a los 50 mil millones de dólares, equivalente a más de siete veces la deuda que hoy se está negociando con el Club de París.
REVERTIR LA HERENCIA. La política oficial de los últimos años logró desestimar la mayoría de las demandas, reduciéndolas a un monto equivalente a los 13 mil millones de dólares. La estrategia oficial tiene una elevada dosis de pragmatismo. Apunta a cuestionar, principalmente, al CIADI y no a los acuerdos bilaterales con otros países. Se trata de dilatar los arbitrajes, postergándolos, y de renegociar contratos con empresas que hayan suspendido sus demandas ante el organismo dependiente del Banco Mundial. En las victorias obtenidas, aparecen los conflictos con los fondos especulativos, pero la situación se vuelve más compleja en el área de servicios públicos, debido a las tarifas que se encuentran congeladas desde 2005.
La Procuración del Tesoro de la Nación, es la encargada de llevar adelante la defensa argentina en estos casos arbitrales.
Consultado por Tiempo el Dr. Gabriel Bottini, Director Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales confirmó que “Las estrategias que la Procuración del Tesoro interpone en cada uno de los casos arbítrales dependen de los planteos y agravios que la demandante presente contra el Estado. En los casos de emergencia económica, en los cuales el Estado fue demandado por empresas extranjeras que consideraron que la pesificación les había violado las normas que protegen la equivalencia con el dólar, la Procuración sostiene que la medida tomada por el Estado ante la crisis económica del 2001 no afecta la protección de esas inversiones. Esos argumentos están siendo recogidos por el CIADI en los últimos laudos”.
La Procuración sostuvo que la medida tomada por el Estado ante la crisis económica de 2001 no afecta la protección y el trato igualitario de esas inversiones en relación a las de origen nacional. Sobre los diferendos pendientes el funcionario aseguró que “Las expectativas son favorables en cuanto al desarrollo de los procedimientos arbitrales en virtud a las decisiones favorables que hemos obtenido este año”. Refieréndose a los fallos de Enron Creditors Recovery Corp, Ponderosa Assets LP y Sempra Energy Internacional.
De las once causas con laudo, cuatro han sido contra la Argentina: tres de ellas se encuentran firmes y una posee un recurso de nulidad en trámite. Las siete restantes han sido a favor del Estado argentino, pero dos de ellas fueron apeladas por las empresas demandantes, lo que podría permitirles revertir el laudo inicial. El monto total de las demandas se estima entre unos U$S 13 mil y U$S 20 mil millones, equivalentes aproximadamente a 30 veces el presupuesto anual en salud, o a un 6,5% del PBI.
La mayoría de los reclamos efectuados ante el tribunal internacional se relacionan con el impacto que algunos inversores extranjeros consideran que les produjeron las medidas económicas de emergencia adoptadas, especialmente en 2002, por el gobierno argentino. Sin embargo, también afectaron a otros inversores y a la ciudadanía argentina. El mayor problema es que las diferentes empresas demandantes se alzaron con ganancias extraordinarias e inéditas a nivel internacional durante los ’90, de la mano del proceso de privatizaciones, y nunca aceptaron hacerse cargo de los riesgos de sus propias inversiones. Además, ninguno de los inversores extranjeros tuvo ni tiene vedada la posibilidad de recurrir a tribunales nacionales para resolver pleitos comerciales con el Estado argentino.
En la década menemista, el país suscribió 59 tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones con otros países (conocidos como TBI). Los mismos fueron ratificados por leyes del Congreso Nacional y se encuentran vigentes. Son los que permitieron la intervención del CIADI para resolver los diversos diferendos comerciales que se produjeron entre los firmantes. El Congreso tiene la atribución de derogarlos, ya que en su mayoría fueron firmados en 1992 y 1993, por un período de diez años. Si al cumplirse ese lapso de tiempo no se denuncian, siguen vigentes, y si se lo hace, los derechos adquiridos continúan por otros diez años. Las demandas contra el país alegan la cancelación de contratos, la pesificación posterior a la devaluación o la suspensión de la indexación de tarifas heredada de la convertibilidad.
LOS CASOS MÁS RESONANTES. Uno de los casos en el CIADI que mayores repercusiones ha generado ha sido el de los bonistas, en su mayoría italianos. Se trata de personas individuales, en un número que ronda entre los 170 y 190 mil, a las cuales los bancos italianos vendieron bonos de la Argentina, principalmente en la peor época de crisis, a fines de 2001. De esta manera, lograron deshacerse de los activos que estaban a un valor muy bajo, y se los dieron a los clientes ancianos y jubilados, solicitándoles luego sus poderes para ser representados en un juicio contra la Argentina.
Nicola Stock, presidente de la Task Force Argentina (TFA), grupo que representa a los bonistas italianos que tenían U$S 4400 millones de dólares en los denominados “tango-bonds” luego del default de 2001, se ha mostrado disconforme ante las propuestas de canje realizadas desde 2005, si bien la oferta de junio de este año tuvo una importante aceptación de los tenedores, reduciéndose el monto inicial a U$S 2000 millones. No ocurrió así con los “fondos buitre”, es decir los grandes fondos de inversión con juicios contra el país.
En otro caso importante, el grupo Marsans presentó en diciembre de 2008 una demanda ante el organismo del Banco Mundial a través de Teinver, la sociedad patrimonial de Díaz Ferrán y Pascual, que era la propietaria directa del 95% de Aerolíneas Argentinas, exigiendo el pago de 500 millones de dólares por su participación en la empresa en el momento de su expropiación, basándose en una valoración independiente de los activos de la compañía. Asimismo, el grupo español reclama entre 1500 y 2000 millones en compensación por el supuesto impacto sobre la empresa por la congelación de tarifas y por haber afrontado los costes asumidos por Marsans por la adquisición de 70 aviones a Airbus destinados en su mayoría a Aerolíneas y Austral.
Teinver se encuentra actualmente en la etapa de jurisdicción, y el monto del reclamo ronda los U$S 1000 millones.
Por su parte, el Grupo Suez de origen francés se encuentra a la espera de la decisión del laudo del tribunal. No se actuó sobre la Argentina por la rescisión de los contratos, sino tan sólo por no haber otorgado aumentos tarifarios. Pero la operatoria de esta empresa fue escandalosa, incumpliendo las metas de inversiones fijadas por contrato y privando a millones de argentinos de un servicio tan esencial. El argumento oficial para dar de baja el contrato señala, además, el peligro al que se hallaba expuesta la población, por la distribución de aguas contaminadas, afectadando más de 800 mil personas en el Conurbano.
POLÍTICA. No se trata sólo de desarrollar una estrategia para sortear los litigios ante el CIADI, sino de pensar cómo ir desarticulando los distintos engranajes del andamiaje institucional noventista. En ese intento están en juego no sólo el funcionamiento de servicios estratégicos para la población y la sanción de todos los incumplimientos contractuales de las privatizadas, sino también la continuidad en la recuperación de la soberanía política nacional que el menemismo remató junto a los activos públicos.
Lo que dejó el menemismo
El vasto programa de privatizaciones que tuvo lugar en nuestro país fue uno de los pilares del proceso de reformas estructurales de los ’90, y son las empresas que resultaron beneficiarias bajo ese esquema las que tienen en curso el mayor porcentaje de demandas en el CIADI.
La forma en que se realizaron las transferencias de las empresas públicas permitió la conformación y el mantenimiento de monopolios en diversos sectores, con la consecuente concentración del capital y el fortalecimiento de grupos económicos nacionales que emergieron durante la dictadura y actuaron en esos años como punto de contacto entre los inversores extranjeros y el gobierno menemista, consolidando el modelo de acumulación iniciado en 1976.
La mayoría de las demandas en el CIADI se explican por el sector energético (37%), que involucra las extracciones de gas y petróleo cedidas en 1990 a la española Repsol. Le siguen las presentadas por empresas del sector eléctrico (22%) –fuertemente controlado por transnacionales de capital estadounidense y europeo–, de aguas (19%) –centralizado por la transnacional francesa Suez–, de servicios informáticos (6%) –donde destaca la privatización de la producción de los Documentos Nacionales de Identidad en manos de la alemana Siemens–, y de puertos (3%).
Opinión I
“Entendieron el escenario que vivió la Argentina”
Por Dr. Joaquín da Rocha
Procurador del Tesoro de la Nación.
En el 2010 el CIADI tomó los argumentos del Estado Argentino y anuló dos casos que habían sido desfavorables a nuestro país. Cuando hace 10 años se decía que habíamos pasado por una situación devastadora, los otros países no nos creían y pensaban que inventábamos esto para no pagar. Luego de 2008 con la crisis mundial, muchos de esos países entendieron el escenario que vivió la Argentina. Esto hace que los organismos internacionales reconozcan los alcances de una verdadera emergencia económica que nos impedía cumplir con nuestras obligaciones. Más aún, reconocieron que los tratados bilaterales de inversión expresamente tenían en cuenta la posibilidad de dejar de lado los pactos en casos de emergencia como la que se vivió, mientras antes ni siquiera consideraban la existencia de una norma que contemplaba esa posibilida.
En 2003 la Argentina tenía reclamos de alrededor de U$S50.000 millones ante diferentes organismos de arbitraje internacional. Gracias a la estrategia y a las negociaciones con muchas de las empresas, por fuera de los litigios, este año los reclamos contra el país están en el orden de los U$S13.000 millones y la cantidad de juicios ha disminuido a menos de la mitad.
Opinión II
“Hay que derogar las 54 leyes de los TBI vigentes”
Por Agustin Crivelli
Economista CEMOP (Madres de Plaza de Mayo).
En el CIADI se arma un tribunal para cada disputa en particular, compuesto por tres jueces, dos de los cuales son elegidos por la empresa inversora y el último por consenso con el país receptor, que al no ser logrado es seleccionado por el Banco Mundial.
La Argentina no ha pagado ningún juicio aún, pero estas demandas sirven como instrumentos de presión por parte de las empresas litigantes, las cuales buscan posicionarse mejor en las negociaciones con el Estado. Para que se realicen erogaciones por parte de nuestro país, los fallos deben ser internalizados, dando la Corte Suprema de Justicia autorización al Tesoro Nacional.
La estrategia argentina consiste en ir desactivando los casos uno por uno. La situación es compleja porque cualquier socio de un grupo inversor, aunque sea minoritario, puede iniciar una demanda contra el país. En este contexto, lo central sería dar de baja la suscripción al Convenio de Washington, como lo hizo Bolivia en 2007, notificando al Banco Mundial. Si eso se hiciera, los casos en disputa seguirían vigentes, pero ayudaría a que se empiecen a resolver los conflictos. Además, el Congreso debería derogar las 54 leyes de los TBI que se encuentran vigentes.
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