APUNTES DE ECONOMÍA RECIENTE
Por Nicolás Bontti
A tono con las nuevas políticas impulsadas por los gobiernos de Tatcher en Inglaterra y de Reagan en los Estados Unidos a finales de los años 70´, el gobierno militar argentino inaugurado en 1976 desplegó toda una batería de medidas económicas de corte profundamente regresivo que buscaron complementar la represión abierta como modalidad de control de los sectores contestatarios al régimen. Así fue como, en rasgos sumamente estilizados, se promovió una apertura indiscriminada de la economía, a la vez que se priorizó la valorización financiera del capital por sobre la inversión productiva, todo lo cual contribuyó a desmantelar la estructura industrial del país. En relación a “la pesada herencia de la dictadura”, Pesce señala los siguientes resultados: “(…) estancamiento del PBI per cápita, distribución crecientemente regresiva del ingreso (desde el trabajo al capital y, dentro de éste, desde las pymes hacia las grandes empresas, sobre todo hacia el capital concentrado), aumento de la población bajo la línea de pobreza, incremento de la desocupación y caída de los salarios, aumento del endeudamiento externo y de las ganancias financieras, desindustrialización con creciente regresividad del aparato fabril, concentración del poder económico y cambio de su estructura y del comportamiento de su cúpula, y reformulación del rol del Estado”.
De esta forma se fueron reduciendo a su mínima expresión los núcleos organizativos con los cuales contaban los sectores subalternos para promover un modelo antagónico al sistema social de dominación inaugurado con el golpe. La desindustrialización implementada redujo el peso de los obreros industriales, y la clausura sindical bloqueó sus formas de expresión corporativa y política. Sumado a esto, el crecimiento del trabajo no asalariado fortaleció la figura social de los trabajadores cuentapropistas (proceso que si iría acentuando con el transcurso del tiempo, alcanzando su máximo auge durante el menemismo con los despidos masivos y la implementación de los retiros voluntarios por parte de las ex-empresas públicas privatizadas). Así fue como, en lugar de un cuerpo obrero homogéneo, como herencia de la dictadura quedó un complejo y heterogéneo espectro de empleados, obreros, independientes y marginales. De esta manera, se impuso una modificación en la modalidad de constitución de las clases subalternas, la cual implicó una conversión de la solidaridad en individualismo, y de la cooperación en competencia. En este sentido, podemos afirmar con Basualdo que “(…) la dictadura militar tuvo una importancia insustituible como uno de los factores explicativos centrales de la redefinición no sólo de la estructura económica sino también del sistema político y la sociedad civil en la Argentina, en tanto señala el momento en que se concreta la mayor “derrota popular” del siglo XX”.
Las señales de apertura del régimen político que comenzaron a manifestarse en los primeros años de la década del 80´, generaron grandes esperanzas en torno a las posibilidades que otorgaría una vuelta a la democracia en el sentido de desandar el regresivo camino recorrido en materia económica y la despiadada represión política. Muchas de estas expectativas, sin embargo, quedarían truncas a pesar de las promesas esbozadas por los candidatos a la presidencia en las elecciones de 1983.
Durante el primer año de gestión económica del gobierno de Alfonsín, el programa del ministro de economía Grinspun buscó revertir la abrupta caída de salarios que venían padeciendo los sectores trabajadores, a través del intento de fortalecer la economía doméstica, y buscando no resignar este objetivo ante la presión ejercida por los organismos multilaterales de crédito en el marco de una inédita deuda externa en la historia de nuestro país. Sin embargo, se generaron serias dificultades ante la oposición interna (ya que el programa cuestionaba de alguna manera a los ganadores del modelo regresivo de la dictadura) y externa (debido fundamentalmente a un incremento de la inflación que ponía en riesgo el cumplimiento de los compromisos crediticios adquiridos por el país), que derivaron en la renuncia del ministro. A partir de ese momento, los sectores trabajadores tendrían cada vez más lejos la posibilidad de experimentar alguna mejoría en sus condiciones de vida, y el gobierno se plegaría, en una segunda lectura de situación, a diagnósticos cada vez más ortodoxos, ante la ausencia de mejoras en el plano económico y las múltiples presiones recibidas por los grupos internos de capital concentrado y los organismos financieros internacionales.
Este “viraje hacia la derecha”, en busca de soluciones a los impostergables problemas de la economía nacional, conduciría en el final de la gestión radical a intentar implementar los recetarios de medidas económicas propugnados por los promotores del neoliberalismo, en un contexto de suma debilidad política y crecimiento descontrolado de la espiral inflacionaria, elementos que hicieron que Alfonsín tuviera que entregar el poder de forma anticipada.
De esta manera, podemos coincidir plenamente con Shorr y Ortiz en que, durante ese gobierno, “(…) se acentuó la tendencia hacia una creciente heterogeneidad dentro de la clase obrera argentina que se había iniciado durante la última dictadura militar” . En primer lugar, se produjo un achicamiento del aparato productivo, lo cual tuvo una incidencia notable sobre los procesos organizativos de los trabajadores, ya que se continúa con la política militar de desmantelamiento de su principal espacio asociativo, es decir, el lugar de trabajo. A su vez, la profunda regresividad económica experimentada durante la década de los 80´ motivó en ocasiones la imposibilidad real por parte de los trabajadores de atender cuestiones políticas, ya que el disciplinamiento a sangre y fuego de la dictadura fue continuado en democracia por el estancamiento económico, la caída de los salarios, el aumento desorbitante experimentado por los índices de precios, el creciente desempleo, y la consecuente redistribución inequitativa de la riqueza nacional.
En medio de esa preocupante situación económica se realizaron las elecciones presidenciales en las que Carlos Menem resultó vencedor. Analizando este período, Beltrán sostiene: “Tras la derrota en las urnas, la UCR perdió toda autoridad política y el gobierno de Raúl Alfonsín se derrumbó, viéndose obligado a traspasar el poder anticipadamente; no sin antes sellar un pacto con el peronismo que permitiría la sanción de dos leyes que resultarían fundamentales para el proceso de reformas estructurales: la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado”.
La política reformadora neoliberal es llevada al paroxismo de la mano de la administración Menem. Durante los años que gobernó, se siguieron al pie de la letra los recetarios del Consenso de Washington, y literalmente se desmantelaron las capacidades interventoras del Estado en la economía. Asimismo, fueron puestas en práctica las tan solicitadas medidas de “ajuste estructural”, que apuntan a una profunda reorganización del aparato estatal y de la sociedad, quedando ambos a merced de “las fuerzas libres del mercado”. Durante los años 90´ se llevó acabo el ajuste más profundo de toda América Latina y probablemente del mundo. Ninguna otra nación logró en un plazo tan breve, implementar semejante cantidad de cambios radicales a favor de la “economía de mercado”.
Lo que se ha dado en llamar “Reforma del Estado”, tuvo en la política de privatizaciones uno de sus ejes principales, pero incluye otros aspectos estrechamente vinculados con ella. Ellos implicaron el achicamiento de la administración central, el crecimiento caótico de las provinciales por delegación de nuevas tareas, la contracción del gasto público, la reestructuración de las relaciones capital – trabajo (con la flexibilización laboral como eje central, un alto crecimiento del desempleo y la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores), los avances desreguladores (con la consecuente apertura masiva e indiscriminada de la economía al mercado mundial) y las reformas regresivas del sistema tributario.
Otro pilar fundamental (por cierto contradictorio) de este paquete de reformas implementado por el menemismo lo constituye la Ley de Convertibilidad, que implicó básicamente la subordinación de la divisa nacional a la estadounidense, y que se halla justamente en las antípodas de los planes de liberalización de los mercados, ya que fija las fluctuaciones de la moneda más allá de las variaciones acontecidas en el mercado de divisas. Este mecanismo antiinflacionario de estabilización de precios le puso un corset fundamental a la autonomía monetaria del Estado y está en la base de los logros iniciales y de los enormes problemas que se acumularon durante toda la década de los 90´.
La deslegitimación explícita de la intervención estatal que tuvo lugar a partir de fines de los 80´ de la mano del auge internacional del neoliberalismo, no puede ser atribuida exclusivamente a la voluntad política de un jefe de Estado o de un gobierno, sino que remite a significativas modificaciones en la lógica de funcionamiento de “lo público” que se fueron gestando durante décadas. La política aplicada por el gobierno de Carlos Menem y continuada por Fernando de la Rúa, es la culminación de tendencias estructurales gestadas desde mediados de la década del 70´, en tensión con las crisis y mutaciones de la economía mundial. Significó una verdadera estrategia político- económica que resituó las bases de dominación social de un modo claramente desfavorable a los sectores populares, e implicó un cambio profundo en los lazos que se habían tendido, a partir del primer peronismo, entre el Estado y la sociedad en nuestro país.
En lo que respecta al régimen post-convertibilidad que llega hasta nuestros días, aparecen como características centrales la creciente concentración económica y la profundización de la extranjerización industrial, un perfil productivo-exportador claramente ligado al sector de procesamiento de recursos básicos (principalmente de la agro-industria y la petroquímica), y una recuperación industrial que está demandando un fuerte crecimiento de las importaciones. Asimismo, si bien se ha recobrado cierto margen de autonomía estatal en la gestión de los asuntos económicos, aún nos encontramos lejos de la situación económica previa al golpe del 76´, sobre todo en materia de distribución del ingreso nacional, aspecto que sirve como indicador para medir el contenido democrático de un modelo económico determinado. En este sentido es que podemos marcar una continuidad de la administración actual con las políticas de los gobiernos que lo precedieron desde el último golpe de Estado.
De esta forma se fueron reduciendo a su mínima expresión los núcleos organizativos con los cuales contaban los sectores subalternos para promover un modelo antagónico al sistema social de dominación inaugurado con el golpe. La desindustrialización implementada redujo el peso de los obreros industriales, y la clausura sindical bloqueó sus formas de expresión corporativa y política. Sumado a esto, el crecimiento del trabajo no asalariado fortaleció la figura social de los trabajadores cuentapropistas (proceso que si iría acentuando con el transcurso del tiempo, alcanzando su máximo auge durante el menemismo con los despidos masivos y la implementación de los retiros voluntarios por parte de las ex-empresas públicas privatizadas). Así fue como, en lugar de un cuerpo obrero homogéneo, como herencia de la dictadura quedó un complejo y heterogéneo espectro de empleados, obreros, independientes y marginales. De esta manera, se impuso una modificación en la modalidad de constitución de las clases subalternas, la cual implicó una conversión de la solidaridad en individualismo, y de la cooperación en competencia. En este sentido, podemos afirmar con Basualdo que “(…) la dictadura militar tuvo una importancia insustituible como uno de los factores explicativos centrales de la redefinición no sólo de la estructura económica sino también del sistema político y la sociedad civil en la Argentina, en tanto señala el momento en que se concreta la mayor “derrota popular” del siglo XX”.
Las señales de apertura del régimen político que comenzaron a manifestarse en los primeros años de la década del 80´, generaron grandes esperanzas en torno a las posibilidades que otorgaría una vuelta a la democracia en el sentido de desandar el regresivo camino recorrido en materia económica y la despiadada represión política. Muchas de estas expectativas, sin embargo, quedarían truncas a pesar de las promesas esbozadas por los candidatos a la presidencia en las elecciones de 1983.
Durante el primer año de gestión económica del gobierno de Alfonsín, el programa del ministro de economía Grinspun buscó revertir la abrupta caída de salarios que venían padeciendo los sectores trabajadores, a través del intento de fortalecer la economía doméstica, y buscando no resignar este objetivo ante la presión ejercida por los organismos multilaterales de crédito en el marco de una inédita deuda externa en la historia de nuestro país. Sin embargo, se generaron serias dificultades ante la oposición interna (ya que el programa cuestionaba de alguna manera a los ganadores del modelo regresivo de la dictadura) y externa (debido fundamentalmente a un incremento de la inflación que ponía en riesgo el cumplimiento de los compromisos crediticios adquiridos por el país), que derivaron en la renuncia del ministro. A partir de ese momento, los sectores trabajadores tendrían cada vez más lejos la posibilidad de experimentar alguna mejoría en sus condiciones de vida, y el gobierno se plegaría, en una segunda lectura de situación, a diagnósticos cada vez más ortodoxos, ante la ausencia de mejoras en el plano económico y las múltiples presiones recibidas por los grupos internos de capital concentrado y los organismos financieros internacionales.
Este “viraje hacia la derecha”, en busca de soluciones a los impostergables problemas de la economía nacional, conduciría en el final de la gestión radical a intentar implementar los recetarios de medidas económicas propugnados por los promotores del neoliberalismo, en un contexto de suma debilidad política y crecimiento descontrolado de la espiral inflacionaria, elementos que hicieron que Alfonsín tuviera que entregar el poder de forma anticipada.
De esta manera, podemos coincidir plenamente con Shorr y Ortiz en que, durante ese gobierno, “(…) se acentuó la tendencia hacia una creciente heterogeneidad dentro de la clase obrera argentina que se había iniciado durante la última dictadura militar” . En primer lugar, se produjo un achicamiento del aparato productivo, lo cual tuvo una incidencia notable sobre los procesos organizativos de los trabajadores, ya que se continúa con la política militar de desmantelamiento de su principal espacio asociativo, es decir, el lugar de trabajo. A su vez, la profunda regresividad económica experimentada durante la década de los 80´ motivó en ocasiones la imposibilidad real por parte de los trabajadores de atender cuestiones políticas, ya que el disciplinamiento a sangre y fuego de la dictadura fue continuado en democracia por el estancamiento económico, la caída de los salarios, el aumento desorbitante experimentado por los índices de precios, el creciente desempleo, y la consecuente redistribución inequitativa de la riqueza nacional.
En medio de esa preocupante situación económica se realizaron las elecciones presidenciales en las que Carlos Menem resultó vencedor. Analizando este período, Beltrán sostiene: “Tras la derrota en las urnas, la UCR perdió toda autoridad política y el gobierno de Raúl Alfonsín se derrumbó, viéndose obligado a traspasar el poder anticipadamente; no sin antes sellar un pacto con el peronismo que permitiría la sanción de dos leyes que resultarían fundamentales para el proceso de reformas estructurales: la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado”.
La política reformadora neoliberal es llevada al paroxismo de la mano de la administración Menem. Durante los años que gobernó, se siguieron al pie de la letra los recetarios del Consenso de Washington, y literalmente se desmantelaron las capacidades interventoras del Estado en la economía. Asimismo, fueron puestas en práctica las tan solicitadas medidas de “ajuste estructural”, que apuntan a una profunda reorganización del aparato estatal y de la sociedad, quedando ambos a merced de “las fuerzas libres del mercado”. Durante los años 90´ se llevó acabo el ajuste más profundo de toda América Latina y probablemente del mundo. Ninguna otra nación logró en un plazo tan breve, implementar semejante cantidad de cambios radicales a favor de la “economía de mercado”.
Lo que se ha dado en llamar “Reforma del Estado”, tuvo en la política de privatizaciones uno de sus ejes principales, pero incluye otros aspectos estrechamente vinculados con ella. Ellos implicaron el achicamiento de la administración central, el crecimiento caótico de las provinciales por delegación de nuevas tareas, la contracción del gasto público, la reestructuración de las relaciones capital – trabajo (con la flexibilización laboral como eje central, un alto crecimiento del desempleo y la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores), los avances desreguladores (con la consecuente apertura masiva e indiscriminada de la economía al mercado mundial) y las reformas regresivas del sistema tributario.
Otro pilar fundamental (por cierto contradictorio) de este paquete de reformas implementado por el menemismo lo constituye la Ley de Convertibilidad, que implicó básicamente la subordinación de la divisa nacional a la estadounidense, y que se halla justamente en las antípodas de los planes de liberalización de los mercados, ya que fija las fluctuaciones de la moneda más allá de las variaciones acontecidas en el mercado de divisas. Este mecanismo antiinflacionario de estabilización de precios le puso un corset fundamental a la autonomía monetaria del Estado y está en la base de los logros iniciales y de los enormes problemas que se acumularon durante toda la década de los 90´.
La deslegitimación explícita de la intervención estatal que tuvo lugar a partir de fines de los 80´ de la mano del auge internacional del neoliberalismo, no puede ser atribuida exclusivamente a la voluntad política de un jefe de Estado o de un gobierno, sino que remite a significativas modificaciones en la lógica de funcionamiento de “lo público” que se fueron gestando durante décadas. La política aplicada por el gobierno de Carlos Menem y continuada por Fernando de la Rúa, es la culminación de tendencias estructurales gestadas desde mediados de la década del 70´, en tensión con las crisis y mutaciones de la economía mundial. Significó una verdadera estrategia político- económica que resituó las bases de dominación social de un modo claramente desfavorable a los sectores populares, e implicó un cambio profundo en los lazos que se habían tendido, a partir del primer peronismo, entre el Estado y la sociedad en nuestro país.
En lo que respecta al régimen post-convertibilidad que llega hasta nuestros días, aparecen como características centrales la creciente concentración económica y la profundización de la extranjerización industrial, un perfil productivo-exportador claramente ligado al sector de procesamiento de recursos básicos (principalmente de la agro-industria y la petroquímica), y una recuperación industrial que está demandando un fuerte crecimiento de las importaciones. Asimismo, si bien se ha recobrado cierto margen de autonomía estatal en la gestión de los asuntos económicos, aún nos encontramos lejos de la situación económica previa al golpe del 76´, sobre todo en materia de distribución del ingreso nacional, aspecto que sirve como indicador para medir el contenido democrático de un modelo económico determinado. En este sentido es que podemos marcar una continuidad de la administración actual con las políticas de los gobiernos que lo precedieron desde el último golpe de Estado.
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