Hacia la Cumbre en Seúl

LOS EMERGENTES LLEGAN AL G-20 CON LA AUTORIDAD QUE LES DAN SUS RESULTADOS

Publicado el 31 de Octubre de 2010

Por Nicolás Bontti

Europa y los Estados Unidos están en una situación económica y social muy delicada. La agenda incluirá la utilización de los tipos de cambio y el reconocimiento de un mayor protagonismo en el FMI a los miembros de Asia y América Latina.

El G-20 se convirtió, desde el 25 de septiembre de 2009, en el organismo que se ocupa de la situación económica mundial, desplazando al G-7 y G-8.

En su primera definición como foro permanente, se pronunció por políticas que protegieran el empleo decente, impulsando regulaciones sobre los bancos de inversión y paraísos fiscales, y avanzando en la discusión sobre la reformulación del FMI y el Banco Mundial, principales responsables de la crisis financiera internacional, por avalar prácticas económicas especulativas que derivaron en una debacle histórica para el sistema capitalista.

Sin embargo, este debate sobre el rol de los organismos multilaterales de crédito no llegó a ninguna conclusión ni acuerdo relevante una vez finalizada la última Cumbre del grupo realizada en Toronto.

Los líderes del grupo regresaron a sus países con una larga lista de tareas para realizar antes del próximo encuentro que se realizará en Seúl los días 11 y 12 de noviembre.

EL CONTEXTO ECONÓMICO MUNDIAL. La economía internacional quiere empezar a recuperarse de la grave crisis financiera que comenzó en agosto de 2007 en los Estados Unidos, y que en 2008 se extendió a otros sectores y economías del globo. Los efectos de esa coyuntura se intensificaron en septiembre y octubre de 2008, cuando los valores bursátiles cayeron en picada en todo el mundo y fue necesario rescatar con carácter urgente grandes instituciones financieras de Europa y los Estados Unidos.

Las “economías emergentes” y “en desarrollo” se vieron afectadas por el declive del comercio internacional y la disminución de los precios de las materias primas. Esta situación derivó en un gran perjuicio, tanto para las empresas como para los trabajadores de esos países, con hogares que debieron, en el mejor de los casos, moderar el consumo y la posible inversión, ante la desalentadora realidad que se comenzó a vivir.

A principios de 2009, se dio un marcado incremento del desempleo en gran cantidad de países y una disminución de los ingresos en casi todos los integrantes del G-20.

En los países centrales, los gobiernos intervinieron para fomentar la actividad económica con fuertes inyecciones de liquidez en los mercados financieros y políticas monetarias agresivas, en particular mediante recortes drásticos de los tipos de interés.

Se han implementado, además, políticas de estímulo fiscal, con inclusión de recortes discrecionales de los impuestos y un aumento del gasto público.

CRISIS Y AJUSTE. También se ha optado, en algunos casos, por la reducción de la jornada de trabajo, los programas de formación y la ampliación de las prestaciones del seguro de desempleo.

El G-20 ha participado activamente en la coordinación de las respuestas mundiales y nacionales. Está planteado el debate acerca de si, efectivamente, la aplicación de estas medidas ha contribuido a evitar que la recesión fuera aun más acusada (y el número de quiebras y pérdidas de empleos, mayor) o si, por el contrario, el ajuste fiscal operado en los países europeos es un factor que agrava la recesión por la vía de contraer el consumo y la demanda.

La primera de las posturas da por supuesto que no es posible mantener la fe irrestricta en las bondades del libre mercado. Paradójicamente, los principales promotores de ese libre mercado se vieron obligados a recurrir a la intervención estatal en la economía, para rescatar lo que el sistema por sí mismo había sido incapaz de salvar.

Europa y los Estados Unidos atraviesan aún grandes problemas que se comenzaron a gestar al calor de la crisis especulativa.

El pueblo francés se ha manifestado sistemáticamente en los últimos días, a raíz de las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Nicolas Sarkozy, particularmente la pretensión de aumentar de 60 a 62 años de la edad jubilatoria. La situación de España es aun peor, con siete trimestres consecutivos de crecimiento negativo de la economía, un desempleo galopante, y sin expectativas de que la situación se resuelva prontamente.

Por su parte, los Estados Unidos decrecieron durante 2009: ni siquiera es seguro, según las previsiones que maneja la OIT, que pueda recuperar lo que ha perdido durante el corriente año.

EMERGENTES. Por el lado latinoamericano del G-20, tanto la Argentina como Brasil se mostraron sólidos frente a la crisis, con una rápida capacidad de reacción ante la misma (apenas uno y dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PBI, respectivamente), gracias al ordenamiento financiero y la disciplina macroeconómica que supieron mantener, y que los posicionó de mejor manera ante la debacle.

Las previsiones de la OIT señalan, a su vez, que durante 2010 Brasil ya estaría superando el nivel de actividad económica de 2008, con un 5,2% de crecimiento esperado, mientras la Argentina confirmaría la recuperación en la senda de crecimiento que experimentó entre 2003 y 2008. México, por su estrecha dependencia de la economía estadounidense, no ha tenido la misma suerte.

LA PREVIA DE LA CUMBRE. En una serie de reuniones entre autoridades financieras de los distintos países del G-20, desarrolladas entre los días 21 y 23 de octubre en Corea del Sur, y tras semanas de desacuerdos sobre la conveniencia o no de retirar los estímulos y abrazar la austeridad fiscal, el G-20 convino en que son posibles las dos metas, es decir, avanzar hacia la reducción de la deuda pública, sin poner en peligro el crecimiento económico. El comunicado emitido una vez finalizados los encuentros establece que los países desarrollados tendrán que reducir sus déficits "al menos a la mitad" para el año 2013, así como estabilizar o reducir el peso de la deuda para 2016.

Algunos dirigentes, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, se mostraron satisfechos de que la reunión reflejara las dos posturas, sin que se haya producido el “choque de los dos mundos”.

Otro tema de discusión en esta previa de la Cumbre de noviembre en Corea se origina en que los Estados Unidos y las demás potencias acusan a China de mantener artificialmente devaluada su moneda, para otorgarles ventaja a sus exportadores en detrimento de sus competidores, incluidas las empresas estadounidenses.

Se espera que se cierre el encuentro con un comunicado conjunto contra lo que se entienden como desequilibrios derivados del uso de políticas cambiarias.

Asimismo, como resultado del desempeño de cada uno de los miembros del grupo, se ha acordado otorgar un mayor peso a los países “emergentes” y “en desarrollo” en el FMI, para hacer ese organismo “más efectivo, creíble y legitimado” y permitir su papel de apoyo al sistema financiero y monetario internacional.

Las deudas del sistema financiero internacional

El G-20 funcionó durante varios años bajo la coordinación del FMI, enmarcado en los lineamientos del Consenso de Washington.

Se puede decir que desempeñó un papel secundario en el sistema de coordinación económica internacional, hasta que se desató la crisis del año 2008.

La quiebra de bancos y casas financieras durante el segundo semestre de ese año y la propagación de los efectos de la limitación del crédito a la economía mundial fueron los detonantes para su jerarquización y la convocatoria decidida por parte del gobierno de los Estados Unidos para que se reuniera a nivel presidencial.

Los países emergentes que habían sido el problema y la causa de creación del G-20 se visualizaron desde entonces como los protagonistas de la recuperación económica que debía seguir a la crisis.

A pesar de que se haya logrado que la situación no llegue a una profunda depresión, aún se está lejos de construir una arquitectura financiera internacional que responda a las necesidades de las respectivas sociedades, canalizando los ahorros en sentido productivo y social.

No existe hoy en el G-20 el consenso suficiente respecto de la profundidad que debe alcanzar la reforma y, en particular, sobre cómo corregir los fenómenos de especulación, falta de transparencia y aliento a la corrupción que significan el secreto bancario y los paraísos fiscales.

Opinión I

“Los Estados Unidos tienen serios problemas internos”

Por Enrique Aschieri

Economista, miembro del SID.

En principio, hay que tener en cuenta que la semana próxima Obama tiene la posibilidad de perder la mayoría en las cámaras legislativas de su país. Eso tendrá gran incidencia sobre cómo se reconfigurará el mapa mundial con vistas a la próxima cumbre del G-20, ya que se podrían imponer sectores que defienden los postulados teóricos de los padres del neoliberalismo, con Von Hayek a la cabeza.

Los Estados Unidos tienen serios problemas internos, y el acuerdo existente entre conservadores y laboristas en Inglaterra no creo que se explique por otro motivo que el de un intento de prepararse para lo que podría ser el peor de los escenarios posibles.

Por otra parte, en nuestro país los factores de poder económicos están esperando para contragolpear, como grandes beneficiarios que han sido de los procesos de valorización financiera del capital.

El problema más grave de la economía internacional es que el dólar está muy por encima de la necesidad de circulación mundial, entonces surge la pregunta sobre quién se hará cargo del ajuste.

A partir de esa realidad es que en el G-20 se abrirá un escenario para que la mayoría de los países centrales impulsen su agenda reclamando un atraso en el tipo de cambio de algunos países emergentes para, de esa manera, crearle demanda al dólar, y en consecuencia, pagar los costos del ajuste.

Hay que estar atentos, porque en la Argentina existe una coalición política y económica dispuesta a llevar a cabo ese programa.

Opinión II

“No habrá ninguna guerra cambiaria entre los países”

Por Juan Miguel Massot

Inst. Investigaciones de UNSAL.

El problema general y que está en el fondo de las discusiones actuales es que los países más importantes tendrán la posibilidad de lograr una coordinación efectiva y alcanzar un consenso esperado desde hace mucho tiempo. Esto es posible ya que actualmente no hay un país que sea claramente líder, debido a que la crisis estadounidense pone en cuestión la unipolaridad.

Para resolver los problemas se necesita de la coordinación, lo que implica incorporar las voces de algunos países emergentes como China e India. Sin embargo, no es claro cómo seguirá la situación, ya que los países desarrollados no tienen políticas y objetivos coherentes entre sí, lo cual complica la posibilidad de coordinar los temas fiscales y monetarios. Esto se ve muy claramente con China, que tiene importantes objetivos internos, entre los cuales aparece el seguir incorporando millones de personas al trabajo.

El gran desafío, entonces, sería lograr la estabilidad monetaria sin caer en la recesión. Estamos ante un fenómeno relativamente novedoso. Antes, los temas los resolvían los países desarrollados, como cuando Francia y Alemania se pusieron de acuerdo para formar la Unión Europea, pero ahora el panorama ha cambiado, sobre todo con la actualidad de algunos países emergentes.

Es una tarea muy compleja, por eso se logra tan poco en cada reunión del G-20. Lo importante en este momento es que no se va a desatar una guerra cambiaria y comercial entre los países. Hay mucha especulación, debido a la falta de coordinación, pero declarar una “guerra de monedas” o comercial es demasiado aventurado.

http://tiempo.elargentino.com/notas/los-emergentes-llegan-al-g-20-con-autoridad-que-les-dan-sus-resultados

La pesada herencia de la convertibilidad

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES DE LOS 90´, UN LEGADO QUE AÚN PERDURA

Publicado el 24 de Octubre de 2010

Por Nicolás Bontti

El plan Menem-Cavallo consolidó las políticas económicas que lo precedieron. El capital extranjero tuvo una fuerte incidencia en la caída y el empeoramiento de las condiciones del empleo. Parte de la agenda todavía debe ser modificada.

La Ley de Convertibilidad no inauguró las reformas neoliberales en el país. La dictadura de 1976 desplegó una batería de medidas de corte profundamente regresivo, que complementaron a nivel económico la represión abierta contra los sectores populares. Se promovió una apertura indiscriminada de la economía, priorizando la valorización financiera del capital sobre la inversión productiva, lo que contribuyó a desmantelar la estructura industrial del país.

LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS. La Ley 21.526 promovida por Alfredo Martínez de Hoz regula, desde el 14 de febrero del 1977, el funcionamiento del sistema financiero. La actividad dejó de estar al servicio de la inversión productiva y el consumo sostenible, consolidando la posibilidad de que los negocios privados tuvieran prioridad por sobre el desarrollo productivo y social. Establece amplias libertades a los bancos, permitiéndoles operar con escasas regulaciones y fijando sus propias reglas en el mercado.

Se promovieron diversas modificaciones a la normativa, sin que por ello se alterara su espíritu y la operatoria del sistema financiero. Diferentes proyectos se vienen discutiendo en la Comisión de Finanzas de Diputados para remplazar la normativa vigente. El primero de ellos, promovido por el legislador Carlos Heller, apunta a considerar el sistema financiero como un servicio público. Por ese motivo recibió una cerrada oposición de los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que manifestaron no estar de acuerdo con la intervención estatal en el sistema financiero. No ocurrió así con los proyectos presentados por los diputados Federico Pinedo del PRO y Gerardo Milman del GEN, que consideran inoportuna la regulación de una actividad que resultaría central para el desarrollo productivo del país.

Al respecto, Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, señala que “la reforma financiera de 1977 fue una bisagra, y es la medida central que permite entender por qué se terminó el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones”. Indica además que “es una deuda pendiente que espero se pueda corregir antes de que termine el mandato del actual gobierno”.

Esta primera “pesada herencia” de la economía argentina se evidenció en el estancamiento del PBI per capita, la distribución crecientemente regresiva del ingreso, el aumento de la población en situación de pobreza e indigencia, mayor desocupación y reducción salarial.

LA DEUDA DE LA DEMOCRACIA. A estas consecuencias se sumó el desorbitante crecimiento del endeudamiento externo y de las ganancias financieras, en un contexto de creciente desindustrialización, en lo que terminó por configurar una clara reformulación del rol interventor del Estado en los asuntos económicos.

Tras las vuelta a la democracia y la derrota en las urnas, el gobierno de Raúl Alfonsín, obligado a ceder el poder anticipadamente, selló previamente el pacto que permitiría al gobierno menemista la sanción de dos leyes fundamentales para el proceso de reformas estructurales: la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado.

La política de reforma neoliberal fue llevada al paroxismo de la mano de la administración Menem. Durante los años que gobernó, se siguieron al pie de la letra los recetarios del Consenso de Washington, desmantelando la capacidad de intervención del Estado a través de las medidas de “ajuste estructural”. Se llevó a cabo el ajuste más profundo de toda América Latina. Ninguna otra nación logró en un plazo tan breve implementar semejante cantidad de cambios radicales a favor de la “economía de mercado”.

El proceso de extranjerización de la economía argentina tuvo sus orígenes en la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, sancionada en la época de Martínez de Hoz. A ese antecedente, se sumó otra nefasta herencia del menemismo, vinculada a la enorme cantidad de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que sujetaron, y sujetan, las controversias comerciales al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. La extraordinaria rentabilidad garantizada a las empresas extranjeras durante ese gobierno, a través de contratos inéditamente beneficiosos y privatizaciones mediante, ocasionaron una gran cantidad de pleitos jurídicos al Estado argentino.

Ana Castellani brinda detalles sobre la evolución de la incidencia de los capitales externos: “La cantidad de empresas extranjeras en la cúpula empresarial hoy es mayor a las que estaban a finales de la convertibilidad, que a su vez eran muchas más que las que aparecían a comienzos del modelo.” Asimismo, señala que: “si bien se experimentó una gran expansión, de 2003 en adelante, no se produjeron cambios significativos en la estructura industrial, ya que las ramas más dinámicas siguen siendo las mismas, con la agroindustria a la cabeza, lo cual se refleja en una inserción exportadora similar”.

PRIVATIZACION Y AJUSTE. La “reforma del Estado” tuvo en la política de privatizaciones uno de sus ejes principales, pero incluyó otros aspectos: el achicamiento de la administración central, el crecimiento desordenado de los gobiernos provinciales por delegación de nuevas tareas, el recorte sistemático del gasto público, la continuidad en la redefinición de las relaciones capital-trabajo (con la flexibilización laboral como pilar, y un alto crecimiento del desempleo y la consecuente pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores), los avances desreguladores (con la apertura masiva e indiscriminada de la economía al mercado mundial), y las reformas regresivas del sistema tributario.

CONVERTIBILIDAD. Otro pilar fundamental de este conjunto de reformas implementado por el menemismo lo constituye la Ley de Convertibilidad, que implicó la subordinación de la divisa nacional a la estadounidense, y que se encuentra en las antípodas de los planes de liberalización de los mercados, al fijar las fluctuaciones de la moneda más allá de las variaciones en el mercado de divisas. Este mecanismo antiinflacionario de estabilización de precios limitó la autonomía monetaria del Estado y es la base de los enormes problemas que se acumularon durante la década de 1990, algunos de los cuales hoy persisten.

Esta situación implica una segunda herencia neoliberal de difícil retorno, porque se trata de ir desarmando un modelo que llevó a la marginalidad y a la pérdida de trabajo a millones de argentinos. Hoy se da una ruptura en varios aspectos. En primer lugar, la actual forma monetaria es distinta a la de la convertibilidad, ya que no produce estructuralmente endeudamiento y flexibilización laboral. De concretarse la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, bajo la conducción de Marcó del Pont, implicaría priorizar un doble objetivo de producción y empleo.

La deslegitimación explícita de la intervención estatal no puede ser atribuida exclusivamente a la voluntad política de un jefe de Estado o de un gobierno. Remite a significativas modificaciones en la lógica de funcionamiento de “lo público” que se fueron gestando durante décadas, en tensión con las crisis y mutaciones de la economía mundial. Significó una verdadera estrategia político-económica que redimensionó las bases de dominación social de un modo claramente desfavorable a los sectores populares, e implicó un cambio profundo en los lazos que se habían tendido, desde el primer peronismo, entre el Estado y la sociedad en nuestro país.

Las recetas del Consenso de Washington

Las reformas económicas aplicadas en una gran cantidad de países de América Latina desde inicios de los años noventa se enmarcaron en lo que se ha denominado “Consenso de Washington”, apoyado y promovido por los organismos internacionales de crédito como el FMI el Banco Mundial.

Se trata de una serie de recetas de política económica que tienen su origen en el artículo de 1989 de John Williamson, titulado “What Washington Means by Policy Reform” (que podría traducirse como “Qué entiende Washington por políticas de reforma”), y que incluye los siguientes 10 puntos: disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma impositiva, liberalización de las tasas de interés, una tasa de cambio competitiva, liberalización del comercio, apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas, privatizaciones, desregulación, derechos de propiedad. Ante los fracasos estrepitosos que ocasionaron la implementación de estas políticas en la región, el mismo Williamson se vio obligado a reconocerlo, publicando en 1997 “The Washington Consensus Revisited” (“El Consenso de Washington revisitado”), donde intentó, contra cualquier evidencia, rescatar el modelo explicando lo que entendía fueron los causantes de sus desastrosos resultados.

Opinión

“La actividad financiera debe ser un servicio público”

Por Carlos Heller

Diputado de Nuevo Encuentro.

Entre los objetivos de la Ley de Servicios Financieros está revertir una de las características definitorias de la herencia: la extrema liberalización de los servicios financieros. Los bancos comerciales pueden realizar toda operacion que no le sea prohibida.

El cambio conceptual respecto de la actual normativa que impulsa nuestro proyecto está vinculado con la definición de la actividad financiera como un servicio público, con haber sido pensada desde el interés de los usuarios, y con establecer un listado taxativo de operaciones que los bancos comerciales pueden cumplir. Se trata de que las operatorias, en vez de estar orientadas a satisfacer la máxima ganancia de las entidades, estén encaminadas a satisfacer las necesidades de los usuarios. Se diseñan normas claras para la orientación del crédito hacia las pymes, a hipotecarios para la vivienda y a microcréditos, así como se colocan tasas máximas a cobrar a micro y pequeñas empresas, y a los préstamos inferiores a $ 100 mil. También hay regulaciones más estrictas para los bancos de capital extranjero, y una cuota máxima de mercado para las entidades privadas. Se establece, además, una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros.

Son todas medidas de regulación de la actividad financiera, que dan un giro copernicano a la ley sancionada por la dictadura y que rige aún hoy.

http://tiempo.elargentino.com/notas/las-reformas-estructurales-de-los-%E2%80%9990-legado-que-aun-perdura

APUNTES DE ECONOMÍA RECIENTE

Por Nicolás Bontti

A tono con las nuevas políticas impulsadas por los gobiernos de Tatcher en Inglaterra y de Reagan en los Estados Unidos a finales de los años 70´, el gobierno militar argentino inaugurado en 1976 desplegó toda una batería de medidas económicas de corte profundamente regresivo que buscaron complementar la represión abierta como modalidad de control de los sectores contestatarios al régimen. Así fue como, en rasgos sumamente estilizados, se promovió una apertura indiscriminada de la economía, a la vez que se priorizó la valorización financiera del capital por sobre la inversión productiva, todo lo cual contribuyó a desmantelar la estructura industrial del país. En relación a “la pesada herencia de la dictadura”, Pesce señala los siguientes resultados: “(…) estancamiento del PBI per cápita, distribución crecientemente regresiva del ingreso (desde el trabajo al capital y, dentro de éste, desde las pymes hacia las grandes empresas, sobre todo hacia el capital concentrado), aumento de la población bajo la línea de pobreza, incremento de la desocupación y caída de los salarios, aumento del endeudamiento externo y de las ganancias financieras, desindustrialización con creciente regresividad del aparato fabril, concentración del poder económico y cambio de su estructura y del comportamiento de su cúpula, y reformulación del rol del Estado”.

De esta forma se fueron reduciendo a su mínima expresión los núcleos organizativos con los cuales contaban los sectores subalternos para promover un modelo antagónico al sistema social de dominación inaugurado con el golpe. La desindustrialización implementada redujo el peso de los obreros industriales, y la clausura sindical bloqueó sus formas de expresión corporativa y política. Sumado a esto, el crecimiento del trabajo no asalariado fortaleció la figura social de los trabajadores cuentapropistas (proceso que si iría acentuando con el transcurso del tiempo, alcanzando su máximo auge durante el menemismo con los despidos masivos y la implementación de los retiros voluntarios por parte de las ex-empresas públicas privatizadas). Así fue como, en lugar de un cuerpo obrero homogéneo, como herencia de la dictadura quedó un complejo y heterogéneo espectro de empleados, obreros, independientes y marginales. De esta manera, se impuso una modificación en la modalidad de constitución de las clases subalternas, la cual implicó una conversión de la solidaridad en individualismo, y de la cooperación en competencia. En este sentido, podemos afirmar con Basualdo que “(…) la dictadura militar tuvo una importancia insustituible como uno de los factores explicativos centrales de la redefinición no sólo de la estructura económica sino también del sistema político y la sociedad civil en la Argentina, en tanto señala el momento en que se concreta la mayor “derrota popular” del siglo XX”.

Las señales de apertura del régimen político que comenzaron a manifestarse en los primeros años de la década del 80´, generaron grandes esperanzas en torno a las posibilidades que otorgaría una vuelta a la democracia en el sentido de desandar el regresivo camino recorrido en materia económica y la despiadada represión política. Muchas de estas expectativas, sin embargo, quedarían truncas a pesar de las promesas esbozadas por los candidatos a la presidencia en las elecciones de 1983.

Durante el primer año de gestión económica del gobierno de Alfonsín, el programa del ministro de economía Grinspun buscó revertir la abrupta caída de salarios que venían padeciendo los sectores trabajadores, a través del intento de fortalecer la economía doméstica, y buscando no resignar este objetivo ante la presión ejercida por los organismos multilaterales de crédito en el marco de una inédita deuda externa en la historia de nuestro país. Sin embargo, se generaron serias dificultades ante la oposición interna (ya que el programa cuestionaba de alguna manera a los ganadores del modelo regresivo de la dictadura) y externa (debido fundamentalmente a un incremento de la inflación que ponía en riesgo el cumplimiento de los compromisos crediticios adquiridos por el país), que derivaron en la renuncia del ministro. A partir de ese momento, los sectores trabajadores tendrían cada vez más lejos la posibilidad de experimentar alguna mejoría en sus condiciones de vida, y el gobierno se plegaría, en una segunda lectura de situación, a diagnósticos cada vez más ortodoxos, ante la ausencia de mejoras en el plano económico y las múltiples presiones recibidas por los grupos internos de capital concentrado y los organismos financieros internacionales.

Este “viraje hacia la derecha”, en busca de soluciones a los impostergables problemas de la economía nacional, conduciría en el final de la gestión radical a intentar implementar los recetarios de medidas económicas propugnados por los promotores del neoliberalismo, en un contexto de suma debilidad política y crecimiento descontrolado de la espiral inflacionaria, elementos que hicieron que Alfonsín tuviera que entregar el poder de forma anticipada.

De esta manera, podemos coincidir plenamente con Shorr y Ortiz en que, durante ese gobierno, “(…) se acentuó la tendencia hacia una creciente heterogeneidad dentro de la clase obrera argentina que se había iniciado durante la última dictadura militar” . En primer lugar, se produjo un achicamiento del aparato productivo, lo cual tuvo una incidencia notable sobre los procesos organizativos de los trabajadores, ya que se continúa con la política militar de desmantelamiento de su principal espacio asociativo, es decir, el lugar de trabajo. A su vez, la profunda regresividad económica experimentada durante la década de los 80´ motivó en ocasiones la imposibilidad real por parte de los trabajadores de atender cuestiones políticas, ya que el disciplinamiento a sangre y fuego de la dictadura fue continuado en democracia por el estancamiento económico, la caída de los salarios, el aumento desorbitante experimentado por los índices de precios, el creciente desempleo, y la consecuente redistribución inequitativa de la riqueza nacional.

En medio de esa preocupante situación económica se realizaron las elecciones presidenciales en las que Carlos Menem resultó vencedor. Analizando este período, Beltrán sostiene: “Tras la derrota en las urnas, la UCR perdió toda autoridad política y el gobierno de Raúl Alfonsín se derrumbó, viéndose obligado a traspasar el poder anticipadamente; no sin antes sellar un pacto con el peronismo que permitiría la sanción de dos leyes que resultarían fundamentales para el proceso de reformas estructurales: la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado”.

La política reformadora neoliberal es llevada al paroxismo de la mano de la administración Menem. Durante los años que gobernó, se siguieron al pie de la letra los recetarios del Consenso de Washington, y literalmente se desmantelaron las capacidades interventoras del Estado en la economía. Asimismo, fueron puestas en práctica las tan solicitadas medidas de “ajuste estructural”, que apuntan a una profunda reorganización del aparato estatal y de la sociedad, quedando ambos a merced de “las fuerzas libres del mercado”. Durante los años 90´ se llevó acabo el ajuste más profundo de toda América Latina y probablemente del mundo. Ninguna otra nación logró en un plazo tan breve, implementar semejante cantidad de cambios radicales a favor de la “economía de mercado”.

Lo que se ha dado en llamar “Reforma del Estado”, tuvo en la política de privatizaciones uno de sus ejes principales, pero incluye otros aspectos estrechamente vinculados con ella. Ellos implicaron el achicamiento de la administración central, el crecimiento caótico de las provinciales por delegación de nuevas tareas, la contracción del gasto público, la reestructuración de las relaciones capital – trabajo (con la flexibilización laboral como eje central, un alto crecimiento del desempleo y la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores), los avances desreguladores (con la consecuente apertura masiva e indiscriminada de la economía al mercado mundial) y las reformas regresivas del sistema tributario.

Otro pilar fundamental (por cierto contradictorio) de este paquete de reformas implementado por el menemismo lo constituye la Ley de Convertibilidad, que implicó básicamente la subordinación de la divisa nacional a la estadounidense, y que se halla justamente en las antípodas de los planes de liberalización de los mercados, ya que fija las fluctuaciones de la moneda más allá de las variaciones acontecidas en el mercado de divisas. Este mecanismo antiinflacionario de estabilización de precios le puso un corset fundamental a la autonomía monetaria del Estado y está en la base de los logros iniciales y de los enormes problemas que se acumularon durante toda la década de los 90´.

La deslegitimación explícita de la intervención estatal que tuvo lugar a partir de fines de los 80´ de la mano del auge internacional del neoliberalismo, no puede ser atribuida exclusivamente a la voluntad política de un jefe de Estado o de un gobierno, sino que remite a significativas modificaciones en la lógica de funcionamiento de “lo público” que se fueron gestando durante décadas. La política aplicada por el gobierno de Carlos Menem y continuada por Fernando de la Rúa, es la culminación de tendencias estructurales gestadas desde mediados de la década del 70´, en tensión con las crisis y mutaciones de la economía mundial. Significó una verdadera estrategia político- económica que resituó las bases de dominación social de un modo claramente desfavorable a los sectores populares, e implicó un cambio profundo en los lazos que se habían tendido, a partir del primer peronismo, entre el Estado y la sociedad en nuestro país.

En lo que respecta al régimen post-convertibilidad que llega hasta nuestros días, aparecen como características centrales la creciente concentración económica y la profundización de la extranjerización industrial, un perfil productivo-exportador claramente ligado al sector de procesamiento de recursos básicos (principalmente de la agro-industria y la petroquímica), y una recuperación industrial que está demandando un fuerte crecimiento de las importaciones. Asimismo, si bien se ha recobrado cierto margen de autonomía estatal en la gestión de los asuntos económicos, aún nos encontramos lejos de la situación económica previa al golpe del 76´, sobre todo en materia de distribución del ingreso nacional, aspecto que sirve como indicador para medir el contenido democrático de un modelo económico determinado. En este sentido es que podemos marcar una continuidad de la administración actual con las políticas de los gobiernos que lo precedieron desde el último golpe de Estado.